La magistrada María Pía Calderón, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha dictado un auto por el que archiva una denuncia contra el diputado autonómico del Partido Popular, Pedro Ángel Hernández Mateo, por un delito electoral que se habría cometido el 19 de mayo de 2011 al permitirse utilizar el Teatro Municipal de Torrevieja para un mitin electoral del PP en el que participaron los entonces candidatos Francisco Camps y Eduardo Dolón, que aspiraban a la presidencia de la Generalitat y a la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrevieja, respectivamente. Hernández Mateo era entonces apoderado del PP ante la Junta Electoral de Zona y la Fiscalía consideraba que podía haber cometido un tipo del delito electoral, que hace referencia a realizar propaganda electoral sin autorización. En la denuncia se mantenía que esa instalación no era un espacio público autorizado por la Junta Electoral de Zona de Orihuela ese día y a esa hora para un acto electoral.

De hecho, el PP utilizó otra fórmula para acceder a él, como fue solicitarlo con carácter urgente a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja algo que ésta aceptó. Aunque Hernández Mateo, entonces también presidía el citado órgano, el TSJ entiende que no cometió el delito porque no fue la persona del partido que realizó la solicitud, de hecho no se aclara quién lo hizo, pero sí cita al entonces director de campaña, Joaquín Albaladejo, a Eliseo Pérez García o al resto de miembros de la junta de gobierno como denunciados sobre los cuales debe seguir la investigación.

La magistrada entiende en definitiva que Hernández Mateo no pudo cometer un delito electoral si no fue la persona de su partido que solicitó el Teatro para el mitin. Por este motivo sobresee la causa contra él, pero no contra el resto y pide al juzgado que continúe.

Valoración

INFORMACIÓN solicitó ayer al diputado Hernández Mateo una valoración sobre la resolución y éste, amablemente, declinó realizar declaración, aunque se le veía satisfecho. En cambio, el PSOE de Torrevieja, que presentó una denuncia por estos hechos y solicitó al TSJ que le admitiera como parte en el procedimiento sin conseguirlo, sí hizo una valoración: "entendemos que ninguno de los argumentos utilizados por la magistrada instructora desvirtúa el que sigamos considerando que los hechos acaecidos sí son un delito electoral cometido, entre otros, por el aforado Hernández Mateo. No somos los únicos que pensaron que los hechos pudieran ser constitutivos de delito. El Ministerio Fiscal mantuvo la denuncia y la propia Junta Electoral envió de oficio el testimonio de particulares al juzgado de Torrevieja por considerar los hechos presuntamente delictivos".

Cambio de letrado para el juicio de las basuras

Hernández Mateo mantiene un procesamiento y una imputación abiertas a día de hoy. La de la contrata de la basura en 2004, por la que se ha abierto juicio oral ante el TSJ por su condición de aforado y en la que se enfrenta a tres años de prisión y 11 de inhabilitación acusado de prevaricación y falsificación; y la de las fincas, después de que comprara por 180.000 euros terrenos rústicos, siendo alcalde de Torrevieja, que vendió meses después a una promotora con intereses en el municipio por 5,4 millones de euros. El caso que más preocupa a Hernández Mateo y que, según fuentes del PP le obligaría a dejar el sillón de las Cortes antes del juicio que probablemente se celebrará en otoño, es el primero de ellos. De hecho, el letrado que lo defendía Benito Sánchez, acaba de dar su venía a Vicente Grima, un abogado que defendió a Víctor Campos en el "Gürtel". Este asunto indaga si siendo regidor benefició a Necso-Generala para adjudicarse la contrata gracias a un informe externo de un despacho que trabajaba para la mercantil. M. A.