Media docena de representantes sindicales de Comisiones Obreras y trabajadores del Ayuntamiento intervinieron ayer en el turno de ruegos y preguntas del pleno para interrogar al alcalde Eduardo Dolón (PP) sobre si conocía que la aplicación que ha llevado a cabo su equipo de gobierno de un decreto del Consell que desquita sueldo a funcionarios con bajas de larga duración, "va a obligar a pasar penurias" a algunos funcionarios hasta diciembre. "¿Tiene usted la intención de ser humilde, corregirse y permitir que esta gente pueda vivir hasta final de año?", preguntó Joaquín Lucas (CC OO). Desde la presidencia no halló respuesta. "Hay familias sufriendo de verdad por ese motivo. Han mentido, no han cumplido su palabra", recriminó sin obtener resultado. "Sabe usted perfectamente cual es el cauce para trasladar este tipo de cuestiones. Si me las quiere formular yo se las voy a contestar", respondió finalmente el alcalde.

El decreto del Consell rebaja hasta un 40% los sueldos de los funcionarios que estén de baja más de 15 días con carácter retroactivo desde el 1 de marzo. Se dan casos entre los 70 que se han visto afectados por la medida, en los que el descuento notificado supera los 3.000 euros. Una medida que no distingue entre enfermedades graves y bajas comunes, por lo que se han visto incluidos funcionarios con tratamiento por cáncer, entre otros casos.

"Yo rogaría que antes de que se arbitraran medidas contra la maltrecha economía de los funcionarios... antes que se miren los sueldazos del equipo de gobierno como del resto de España. Que las medidas recaigan sobre ustedes y no sobre los funcionarios que ya están sobradamente castigados", explicó en su intervención Jesús Valero, también del mismo sindicato.

Los trabajadores, que se pusieron en pie para intervenir tras "tragarse" cuatro horas de pleno, intentaron entablar un diálogo con el primer edil sin que éste se diera por aludido. Dolón cortó a los funcionarios y dio por concluida la sesión. Antes de estas intervenciones el debate se había calentado con las intervenciones de Los Verdes y APTCe en las que cuestionaron duramente la forma en la que el Ayuntamiento ha aplicado el decreto, otra propuesta presentada por Alternativa Popular que enmendaba a la totalidad la realizada por el PP para suprimir la paga extra a toda la Corporación, secundada por PSOE y Los Verdes, que pedía que el alcalde se rebajara hasta 50.000 euros brutos anuales su actual sueldo de 68.700 -mayor que el que cobra el presidente de la Generalitat-. También fueron medidas de ahorro "sugeridas" por la oposición retirar el sueldo a los delegados no electos (que cobran 3.000 euros mensuales), rebajar el número de asesores, y, sobre todo, impedir que ediles cobren de dos administraciones, en clara referencia al diputado provincial y edil Joaquín Albaladejo.

El alcalde, sin ganas de (más) líos, defendió su moción para la supresión de la paga extra y la rebaja del 7% por asistencia a comisiones sin dejar intervenir al proponente -su portavoz Joaquín Albaladejo- y aseguró que ir más allá de esa propuesta (bajarse el sueldo) "estaba fuera de lugar" y solo sirve para escribir en periódicos.