Al final tuvo que ser por la fuerza. El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), envió ayer a la Policía Local a impedir el paso de camiones cargados de basura hacia el vertedero de Proambiente, propiedad de la familia Fenoll, un día y medio después de que se notificara el decreto de Urbanismo que impone como medida cautelar el cierre de todas las instalaciones que tiene la planta de vertidos en término municipal de Orihuela sin licencia, entre ellas la puerta. La empresa recibió la orden el miércoles por la tarde y sin embargo no la ejecutó, de hecho fuentes de la mercantil señalaron a este diario que no lo harían hasta que el Ayuntamiento obtuviera una orden judicial para entrar a las instalaciones y precintarlas. Bien, pues eso será lo que haga el Ayuntamiento, pero mientras tanto una patrulla de Policía Local apoyada por Guardia Civil (que se presentó para garantizar la seguridad) monta guardia ante el vertedero, se acerca a la ventanilla de cada camión y le ordena al conductor que dé la vuelta y se marche.

Ante esta situación que impide la llegada de basura de una veintena de municipios al vertedero, los propietarios optaron por desviar el tráfico y que los camiones accedieran a la planta por otra entrada, esta sí en término municipal de Abanilla (Murcia). Ese "rodeo" que tienen que dar supone veinte kilómetros más de ida y otros tantos de vuelta, y una hora de viaje, lo que genera más gastos de transporte que corren a cargo de las concesionarias del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras o de los ayuntamientos que lo presten de forma directa.

La Concejalía de Urbanismo ha decretado el cierre cautelar de la puerta principal del vertedero y de siete de sus instalaciones en el marco de un expediente sancionador iniciado por el concejal Antonio Zapata (PSOE). Sencillamente se ha comenzado el trámite para imponer siete multas de entre 50.001 euros y 300.000 euros cada una porque no existe licencia alguna que permita a Proambiente desarrollar ninguna actividad en Orihuela. Hasta ahora, la empresa viene alegando que está afincada en término municipal de Abanilla y que por lo tanto todos los permisos que necesita son de la Región de Murcia y no de la Comunidad Valenciana.

Deslinde

Sin embargo, no dice lo mismo un informe oficial de deslinde del Centro Nacional de Información Geográfica que obra en poder de Urbanismo y que acredita que en suelo de Orihuela están "el acceso a instalaciones y báscula de pesaje de camiones, el taller mecánico y lavadero, el aparcamiento de maquinaria, un edificio destinado a oficinas, el núcleo zoológico, dos depósitos de gasoil y los vasos de vertido clausurados". Según Zapata, existen informes que sostienen que podría haberse estado arrojando basura en zonas no autorizadas o en vasos colmatados, y de ahí la medida cautelar de cierre. Mientras tanto, Proambiente está pendiente de una ampliación solicitada a Murcia a la que el Ayuntamiento de Orihuela se opone porque afecta a su término municipal.

Esta situación se suma a que hay una orden de cese de vertidos decretada tanto administrativa como judicialmente para la parte murciana. Así que Proambiente estaría recibiendo basura, separando la parte que se puede valorizar y después llevando el resto a otros vertederos, un trámite que le supone un aumento de costes y que le ha llevado a subir el precio por tonelada de 20 euros a 38 euros.

Monserrate Guillén dijo ayer que la Policía Local permanecerá pendiente unos días, aunque no estará 24 horas y "espero que haya total normalidad y se cumpla la ley; tienen que cumplir el decreto de cierre y medidas cautelares aunque lo puedan alegar". Da cuenta de ello un precinto en la valla cuya retirada podría ser motivo de denuncia.

Alegría en el Campamento de la Salud tras dos semanas de vigilancia ininterrumpida

Catorce días cumplen hoy los vecinos de La Murada que acamparon ante las puertas del vertedero de Proambiente para contar los camiones cargados de basura que llegaban a la planta. Anotaban matrícula, hora, municipio de procedencia... Con eso querían demostrar que Proambiente se estaba saltando la orden de cese de actividad de vertidos que le impuso la Región de Murcia (el vertedero está a efectos administrativos en Abanilla). En todo este tiempo han hecho turnos de ocho horas para no perderse un solo camión, han vigilado ininterrumpidamente las puertas para llevar un cómputo exacto. El Campamento de la Salud, como lo llamaron, dicen que no lo desmontarán hasta el cierre definitivo de la planta, pero ayer se mostraron muy alegres al ver a la Policía Local impedir el paso a los camiones. e. g. b.