El desahucio de la edil del PP de Rafal, paralizado

Gómez, que forma parte de la corporación municipal desde la oposición, es una mujer casada y con una hija menor de 17 años, y había dedicado las últimas semanas a intentar negociar, sin éxito, con la entidad bancaria un alquiler de su vivienda, tal y como ha informado el colectivo Stop Desahucios.

De este modo, al acuerdo establece un alquiler de la vivienda durante siete años con opción a compra, con una mensualidad de 375 euros, frente a los 800 ó 900 que pagaba hasta el momento.

El desalojo, convocado para las 12.00 horas de este martes, ha reunido frente a la vivienda de la edil con la intención de frenar el desahucio a numerosos ciudadanos de la localidad, así como al alcalde del municipio, Manuel Pineda, del PSOE, y gran parte de la corporación.

La edil ha explicado que el abandono de su domicilio, reclamado por la entidad debido a que avaló con el piso a otra persona, ha quedado aplazado al haber acordado un alquiler por siete años con opción a compra, si bien ha resaltado que esta medida la ha adoptado la entidad después de que el caso haya trascendido a los medios de comunicación.

Gómez ha incidido en que durante toda la jornada de este lunes, "hasta la noche", ha estado intentando negociar con el banco para resolver la situación, aunque las partes no alcanzaron ninguna solución. "Me llegaron a decir que ni llamara ni molestara más, que iban a venir de todas maneras, y ahora, cuando han visto que ha salido en la prensa, me han ofrecido este alquiler", ha relatado la afectada.

MUESTRAS DE APOYO

Igualmente, Gómez ha manifestado que ha recibido "un gran apoyo" tanto de su partido, como de los habitantes de la localidad e incluso del alcalde del municipio, del PSOE. "Estaba todo el pueblo", ha enfatizado al respecto.

Además, ha subrayado que la suya es una "familia normal" que "ha pagado mucho dinero" por la hipoteca que ha reclamado la entidad, aunque ha confesado sentirse "muy aliviada" tras conocer el alquiler ofrecido por el banco y al haberse alcanzado el acuerdo.

La edil mantenía una deuda de 120.000 euros con la entidad de la que le quedan por pagar 80.000 euros. Este dinero constituye un préstamo para su hermano concedido para la apertura de un restaurante en Elche (Alicante) y en el que Gómez figura como avalista con su vivienda.

"NO HAY COLOR POLÍTICO"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el primer edil ha explicado que frente a la vivienda de la concejal se han concentrado cerca de 250 personas entre miembros de la corporación municipal, habitantes de la localidad e integrantes del colectivo Stop Desahucios, y ha expresado que la cancelación del desalojo ha sido un "final muy satisfactorio".

Al ser preguntado sobre si en este tipo de casos las diferencias entre partidos políticos quedan aparcados, ya que él pertenece al PSOE y la edil es del PP, Pineda ha manifestado que ante circunstancias de este tipo "no hay color político". "Se trata de una vecina que sufre y el pueblo tiene que estar con ella", ha agregado.

Finalmente, ha señalado que el caso ha sido "muy mediático", lo cual, a su juicio, ha beneficiado que se formalizara el acuerdo y se solucionara la situación de Gómez, y ha valorado el papel de convocatoria que han tenido el uso de las redes sociales para movilizar a la gente. "Todos a una, como en Fuente Ovejuna", ha añadido el alcalde.

LA HISTORIA

La concejala del PP de Rafal María José Gómez Galiana y su familia se enfrentaban hoy a un desahucio en su vivienda, en la calle Comunidad Europea de la localidad, al no haber podido satisfacer una deuda de 120.000 euros (de la que quedan por pagar 80.000). El dinero fue prestado por la CAM al hermano de la edil para abrir un restaurante en Elche y como aval la familia comprometió la casa, una vivienda de dos plantas a las afueras del pequeño municipio de 4.200 habitantes.

El negocio no marchó bien, tuvo que cerrar sus puertas y con ello comenzaron las complicaciones para seguir pagando las cuotas, que dejaron de satisfacerse puntualmente en 2009 porque suponían un desembolso de 900 euros al mes para una familia de cuatro miembros. María José Gómez y su marido tienen dos hijas de 17 y 24 años y lo más duro del día de ayer para la edil fue tener que comunicarle las malas noticias a sus familiares, puesto que hasta el momento había intentado mantenerles al margen. Pese a todo, la vivienda es propiedad de la entidad bancaria desde 2011, aunque la orden de desahucio no se había producido hasta hace unos días. La negociación para encontrar una alternativa se alargó durante meses hasta ayer a las 18 horas, sin éxito.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca comarcal STOP Desahucios había hecho un llamamiento a la población para intentar frenar el desalojo, que estaba previsto para hoy a las 12.45 horas. A la concentración, a mediodía, acudieron miembros del PP local y compañeros de María José Gómez en la corporación.

La edil, quien ayer se mostró muy nerviosa y afectada, explicó a este diario que viene negociando desde 2009 con la entidad la posibilidad de seguir viviendo en la casa. De hecho, registró el pasado viernes una solicitud de alquiler social que la CAM no ha podido tramitar aún, pues según se le ha comunicado el proceso tarda unos quince días y fue iniciado ayer lunes. Gómez y su familia pedían que al menos se retrase el desalojo hasta que se resuelva si se les concede o no el arrendamiento.

El banco CAM Sabadell aseguró ayer a preguntas de este diario que está negociando un alquiler social, tratando de buscar una solución para la familia, y que el hecho de no haber llegado aún a ningún acuerdo se debe a la demora de la propuesta de la afectada. En cualquier caso, fuentes autorizadas de la entidad señalaron que intentarían evitar el desahucio, pero resaltaron que la resolución judicial lleva un procedimiento independiente aunque paralelo al de la negociación del alquiler.