Albatera. Esa debe ser la ubicación del macrovertedero comarcal previsto en el plan zonal de residuos, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El tribunal ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Albatera que pretendía anular una sentencia anterior, la del juzgado de lo Contencioso de Elche, que ya situaba la planta en su término y descartaba su emplazamiento en Torremendo (Orihuela). El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá esa resolución con "todos los medios" legales y anticipa presión social.
El TSJCV argumenta que al Ayuntamiento le falta legitimidad para intervenir en el procedimiento puesto que en su día no alegó la tramitación de la adjudicación del concurso público que decidía la construcción del vertedero. El Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja adjudicó a una unión temporal de empresas formada por Cespa y Ortiz estas obras en enero de 2008. La oferta ganadora lo proyectaba en una finca cercana a Torremendo.
Fue la Asociación de Vecinos de la Virgen de Monserrate de Torremendo la que llevó el asunto ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche. Argumentaron que el Consorcio, encabezado por el entonces presidente de la Diputación, por José Joaquín Ripoll, rechazó sus alegaciones en las que se oponían al emplazamiento en Torremendo de forma arbitraria. Los letrados de la asociación vecinal recordaban que en ninguna parte del pliego de condiciones se disponía que el macrovertedero debiera situarse de forma preferente en Torremendo por un criterio de proximidad con el resto de poblaciones de la Vega. Los representantes del Consorcio, formado en un 25% por la Generalitat, otro 25% por la Diputación y el resto por los municipios de la comarca, valoraron por unanimidad la oferta de Cespa Ortiz por ese criterio, que ahorraba costes de transporte, sin que estuviera en el pliego.
A los vecinos de Torremendo, que protagonizaron décadas de lucha contra la implantación de otro basurero, el de Ángel Fenoll, les dio la razón el juzgado de Elche en septiembre de 2010. Es más, la magistrada no solo anulaba la ubicación de la instalación, indicaba que debía situarse en la segunda opción que presentaba la adjudicataria en su plica, la ubicación en Albatera. El Consorcio que decidió el contrato no recurrió esta sentencia, algo que por otra parte exculpaba a Ripoll en la investigación del caso Brugal, que lo vinculaba a supuestas irregularidades en la elección de terrenos en Torremendo. Si lo hizo el Ayuntamiento de Albatera y ha perdido.
Oposición frontal
La decisión, que provocó una prudente satisfacción ayer en la pedanía oriolana, va a cosechar, a buen seguro, una gran rechazo en Albatera. Sólo la posibilidad de que se ubicara una planta de transferencia de basura, que precisamente estipulaba el plan zonal, en el municipio vecino de Cox en 2008, generó una gran movilización que tumbó el proyecto.
El alcalde de Albatera, Federico Berná (PP), reaccionó ayer ante la decisión del TSJCV, que ha sido notificada al municipio en plenas fiestas patronales, mostrando su "oposición frontal y rechazo a la instalación de la planta y el equipo de gobierno con su alcalde, seguirá defendiendo los intereses de sus vecinos en terreno legal y social, combatiendo esta sentencia con los instrumentos que legalmente le correspondan". Fallo, asegura que "niega la legitimidad al Ayuntamiento, no para impugnar un concurso como erróneamente señala, sino precisamente para defender un acto administrativo, el del consorcio, por el cual resultan afectados los vecinos, nos coloca en una situación de indefensión. Se nos hurta nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva puesto que se nos ha inadmitido a un proceso judicial al que tenemos derecho para dirimir los intereses de nuestros vecinos".
El contencioso y Brugal empantanan el tratamiento de las basuras de la comarca
La comarca de la Vega Baja fue la última en aprobar su propio plan zonal de residuos de la Comunidad. Un instrumento que desarrolla la ley de residuos autonómica. También fue la última en adjudicar las obras del macrovertedero que disponía esa legislación y que siguen bloqueadas. Fue un 3 de enero de 2008. Una UTE formada por Cespa-Ortiz debía abordar el macrovertedero en Torremendo. Casi desde el mismo día en el que se confirmó el emplazamiento en la finca Lo Cartagena, junto a la pedanía, la entonces alcaldesa Mónica Lorente citó su traslado a Las Pistolas, con el argumento de alejarlo del casco urbano. Era un terreno propiedad del empresario Ángel Fenoll. Los vecinos, que no querían ni un emplazamiento ni el otro llevaron el asunto al juzgado contencioso. Al tiempo la Policía ya seguía desde 2007 los pasos de los protagonistas de la adjudicación con el pinchazo de los teléfonos móviles de Fenoll y su entorno. Era la Operación Brugal. Una investigación que descubrió el supuesto amaño de la contratación y que derivó en la detención, entre otros, en julio de 2010, del expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y la paralización de cualquier decisión sobre el contrato y su ejecución. La Vega sigue a la espera de una solución al tratamiento de las 500 toneladas de basura que genera a diario. Mientras no se resuelve la opción más barata, cercana (y polémica) es la del basurero de Fenoll. D. P.
