Cuando su hija le pidió ayuda para comprar un piso y poder emanciparse, José Granero no dudó en ofrecérsela. Avaló entonces la obtención de un crédito hipotecario de 166.000 euros con la vivienda familiar. Lo hicieron él y sus otros dos hijos diagnosticados con esquizofrenia. Hoy la CAM, entidad financiera que les concedió el préstamo, se ha quedado con los dos inmuebles para saldar el impago de la hipoteca. A sus 73 años y con dos hijos incapacitados a su cargo, el afectado ha recibido una notificación judicial que le insta a abandonar su casa antes del próximo lunes.

Es la otra cara de los desahucios motivados por impagos de la hipoteca, la de personas que un día ayudaron a sus familiares avalando la compra de pisos con sus propias viviendas y que ahora se ven a las puertas de vivir en la calle.

Desesperado. Podría ser esta la expresión que mejor define el estado del perjudicado, un pensionista que no tuvo opción de recibir formación académica durante su juventud, que apenas sabe leer y escribir, y que se lamenta hoy de que un banco le quiera echar de la casa que construyó él mismo con el dinero que ahorró de joven, cuando emigró y trabajó en Suiza.

Impagos

La operación del crédito hipotecario se firmó en 2005 y la hija de Granero adquirió un piso en propiedad en la localidad murciana de Santomera. Aunque durante los primeros años pagó religiosamente las cuotas mensuales de más de 700 euros, dejó de satisfacer los recibos cuando pasó a ser una española más en engrosar las listas del paro.

José Granero cuenta hoy que su hija no tuvo el valor de decirle que el banco iba a proceder a subastar tanto su piso como la vivienda familiar. Fue a raíz de una visita fortuita al registro de la propiedad como acabó conociendo que su casa, emplazada en la Avenida de Orihuela de Callosa de Segura, ya había sido subastada. Asegura que nunca recibió en su domicilio notificación alguna que le informara del procedimiento judicial, y supo directamente que Caja Mediterráneo se había quedado con su casa. Ya era demasiado tarde.

Desde entonces dice que ha intentado por todos modos que la entidad financiera le facilite un alquiler social para, al menos, poder residir en la vivienda mientras viva. Su situación familiar es complicada dado que tiene a su cargo a dos hijos de 33 y 44 años diagnosticados como esquizofrénicos crónicos. La pensión de jubilación que recibe el padre, de 618 euros, y la ayuda económica que perciben sus dos hijos enfermos, de 304 cada uno, no les da para vivir y pagar además los gastos de un alquiler elevado. Unas circunstancias familiares que, según explica, nunca han sido tomadas en consideración por la oficina bancaria, que se ha negado en rotundo a negociar un posible alquiler y exige que abandonen la propiedad.

Recurso

Es un cuarto hijo de José Granero y su pareja quienes se han encargado de mediar en el proceso judicial debido a la manifiesta incapacidad de sus familiares. Ambos aseguran que han reclamado al juzgado que se tenga en cuenta la situación de los afectados, sin éxito hasta el momento. Ahora se han puesto en contacto con plataformas ciudadanas que tratan de frenar desahucios que consideran injustos para que les ayuden. Charlar un rato con Granero es suficiente para darse cuenta de que conceptos como el euribor, los tipos de interés o las complejas cláusulas que aparecen en la letra pequeña de las hipotecas se le escapan. Aun así, asume que es responsable de haber avalado dicha hipoteca con su vivienda y lo acepta. Lo único que pide ahora es que alguien lo ayude para evitar la triste posibilidad de quedarse en la calle con sus dos hijos.

Los letrados creen que son personas sin capacidad para avalar la compra de una casa

La casa donde reside José Granero junto a sus dos hijos diagnosticados de esquizofrenia figuraba como propiedad de los tres desde el fallecimiento de la madre de la familia. Fueron los tres quienes avalaron la hipoteca de la hija y hermana. Los abogados de los dos dependientes luchan ahora en los juzgados para tratar de impugnar ese proceso al considerar que no estaban capacitados para alcanzar a entender las consecuencias que podía acarrear esta acción. Aun así, insisten en que lo importante ahora es que les ofrezcan un alquiler y no echarlos de la vivienda m.a.r.