Un informe sobre los enterramientos de residuos tóxicos en fincas agrícolas de La Murada realizado por encargo del Ayuntamiento de Orihuela e incluido en el sumario judicial que investiga estas prácticas, recomienda suspender la producción agrícola en estos suelos hasta que se determine científicamente si los tóxicos pueden haber pasado a los árboles y sus frutos, y por consiguiente, a la cadena alimentaria, según la declaración en el juzgado que investiga la causa del técnico -ingeniero técnico forestal- que lo elaboró y a la que ha tenido acceso este diario.
El estudio "interesa la suspensión de la actividad agrícola por la contaminación de los cultivos (porque) debería determinarse si esos vertidos afectan a la producción agrícola. Los tóxicos pueden pasar a los árboles y a los frutos, y por extensión a la cadena alimentaria", aseguró el experto a preguntas del Ministerio Fiscal, el pasado 18 de abril. El riesgo para la salud "no es una hipótesis a resultas de catas o análisis posteriores, es ya un riesgo actual, tanto lo que se ve en la superficie como lo que no se ve y supuestamente existe en el subsuelo".
A juicio del técnico consultor, en las fincas que visitó no había compost. "Lo que se ve en las fotos (realizadas) es basura sin tratar. El compost (material derivado de la valorización de los residuos orgánicos apto para el abono agrícola) puede llevar materia orgánica procedente de basura urbana pero nunca -recoge el sumario judicial- plásticos, cristales y envases, residuos sanitarios, jeringuillas de insulina, botes de medicamentos y envases".
Expertos
En la misma comparecencia se realizó un resumen de las conclusiones de este trabajo de campo efectuado por el especialista en las que se dice que los residuos tóxicos deben tratarse de una forma determinada según la legislación, y la filtración de lixiviados (residuo líquido derivado de la descomposición de materia orgánica) puede dar lugar a la contaminación de las aguas subterráneas, aunque matiza que este último extremo debería determinarlo "un experto".
A preguntas de las defensas de los imputados -el empresario Ángel Fenoll y el empresario agrícola Francisco Poveda, entre otros- el ingeniero admitió que "se pueden hacer estudios mucho más técnicos y específicos" por lo que no ha podido determinar el alcance de la "afección".
El documento se confeccionó a través de dos visitas tras las denuncias vecinales y a instancias del concejal de Medio Ambiente, Manuel Culiánez, con respaldo de una patrulla de la Policía Local, a finales de 2011 y a principios de 2012. En algunas de las parcelas con producción agrícola se detectó "un fuerte olor a metano" procedente de basura en descomposición. Además explica que en su trabajo no se llegaron a realizar catas sobre el terreno, algo a lo que sí se procedió posteriormente por orden judicial (en diciembre), aunque sí se detectaron "pequeños afloramientos de basura" sobre el suelo, identificados a través de las coordenadas GPS.
Medicina Legal
Las conclusiones del consultor son anteriores a las que refleja el ecotoxicólogo del Instituto de Medicina Legal a instancias del juzgado número 3, que investiga estos hechos, y en las que admite la presencia de 387.000 toneladas de basura tóxica enterrada en al menos dos fincas agrícolas sobre unas 17 hectáreas, además con presencia de metano sin aliviaderos que podría provocar incendios y explosiones.
En los resultados de ese análisis, realizado con catas custodiadas por el Seprona de la Guardia Civil, se advierte de que los vertidos suponen un grave riesgo para la salud y hay que retirarlos, tratarlos y restaurar los terrenos, pero no menciona los cultivos porque las muestras se tomaron de dos fincas, Los Corrales y Los Sigüenzas, recién plantadas y no de las que están en producción y se sospecha que se abancalaron con basura.
La investigación trata de esclarecer el enterramiento de esos vertidos, realizados presumiblemente entre 2008 y 2010, su extensión y autoría. La plataforma vecinal que los ha denunciado apunta hacia el vertedero de Proambiente, que trata la basura de una veintena de municipios.
