El casco histórico de Orihuela está que se cae por la falta de mantenimiento de algunos edificios y el Ayuntamiento va a tomar cartas en el asunto obligando a los propietarios a rehabilitar las fachadas para evitar el riesgo de caída de cascotes, para mejorar la imagen de las vías públicas y para tratar de llenar de vecinos muchas casas que permanecen vacías por su mal estado. La Junta de Gobierno aprobó ayer llevar al pleno de este mes la nueva Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, que prevé que todos los inmuebles con más de 40 años de antigüedad sean sometidos a un examen para evaluar su estado estructural y exterior, detectar si hay deficiencias y notificar a los propietarios qué deben subsanar. La inspección es obligatoria para todos los edificios construidos hace más de cuatro décadas y tendrá una validez de cinco años, por lo que cada lustro tendrán que volver a ser examinados.

El concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), anunció ayer que desde el momento en que la ordenanza se apruebe (en junio, si no hay alegaciones una vez que pase por pleno) el Ayuntamiento notificará de oficio a los dueños cuándo les toca someterse a la inspección (que tendrá un coste de unos 200 euros), y que quienes no lo hagan serán sancionados con multas coercitivas de 3.000 euros. Una vez completada la inspección, si el informe es desfavorable estarán obligados a acometer las reformas. De no hacerlo, recibirán órdenes de ejecución y los inmuebles serán objeto de expropiación forzosa porque "el Ayuntamiento tiene que velar por las condiciones de seguridad, habrá que recuperar las construcciones como patrimonio municipal y arreglarlas".

Antes de llegar a ese extremo, y para el caso en que los dueños no puedan o quieran hacer la reforma ellos mismos, Urbanismo ha creado la figura del "agente rehabilitador" (de la que ya se habló el pasado mandato) para que sean empresas las que acometan el acondicionamiento mediante un trato particular con el dueño (por ejemplo a cambio de parte de la propiedad). En todo caso, desde que se inicien las inspecciones hasta que se llegue a la expropiación pueden pasar "hasta tres años", estimó el edil.

Zapata aseguró ayer que la ordenanza está "consensuada" con la oposición y que se apoya en una inspección preliminar el centro urbano encargada a un técnico externo al Ayuntamiento. El PP tiene previsto apoyarla en el pleno porque Urbanismo ha tenido en cuenta prácticamente todas sus propuestas y enmiendas.

Paralelamente, Zapata también dio ayer a conocer que se exigirá un informe de conservación y habitabilidad en viviendas de más de 40 años que vayan a ser ocupadas, y que se va a elaborar un registro de parcelas, edificios, solares y construcciones para regular el vallado o la limpieza de cualquier parcela que tenga una fachada hacia la vía pública, también aquellas que estén en terreno rústico.

"Hay que frenar la pérdida patrimonial y paisajística del casco"

El concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata, reconoció ayer que la ordenanza es estricta y que "la expropiación forzosa es una medida de carácter bastante agresivo, pero la situación del casco histórico precisa medidas contundentes". El edil dijo que "la finalidad de la ordenanza es que no se produzca este caos y frenar la pérdida patrimonial y paisajística del casco urbano". Zapata explicó que "esto es como no curar una caries; se acaba provocando que se extraiga la pieza. Estamos perdiendo entidades importantes por su valor y la ordenanza pretende cortar la pérdida de edificaciones, que no haya más mellas de las que ya hay".

Añadió que "no vamos a consentir que una sola persona sufra daños por dejación en la conservación". La norma "llega tardísimo, pero no solo la ordenanza, también la actividad política. Hemos estado 20 años pendientes de la construcción en la costa y no nos hemos dado cuenta del destrozo que hay aquí, esto es dejadez y no de un año o de dos, de mucho tiempo". e. g. b.