El equipo de gobierno del PP de la localidad murciana de Abanilla acordó ayer con los votos en contra de la oposición (PSOE e iUMA) una modificación del Plan General que beneficia los intereses del vertedero de Proambiente -ubicado entre esta población y la pedanía oriolana de La Murada-, propiedad del empresario Ángel Fenoll. El acuerdo supone que los terrenos donde está emplazada la ampliación del vaso de vertido de basura número 3 dejen de estar protegidos en el marco del LIC de la Sierra de Abanilla, algo imprescindible para que la Consejería de Medio Ambiente de Murcia pueda dar el visto bueno a la solicitud de reapertura realizada por la empresa, que tiene clausurada su actividad de vertido desde el pasado septiembre por la administración autonómica murciana.
El regidor municipal de Abanilla, Fernando Molina (PP), trató de restar importancia al único punto que figuraba en el orden del día del pleno extraordinario celebrado ayer. Desde su exposición inicial, el alcalde hizo hincapié en que lo que se debatía no era una modificación del Plan General, sino que se trataba de "corregir un error de cartografía". Según dijo, los terrenos del empresario Fenoll y en concreto los del vaso 3 "están fuera del LIC de la sierra" y en el PGOU aparecen como parte de éste, por lo que era necesaria una corrección.
Concentración
Aunque quiso restar peso al asunto y transmitir calma, el alcalde sabía de antemano que el tema a debatir había levantado ampollas entre decenas de vecinos de poblaciones limítrofes como Benferri o la pedanía de La Murada. Antes de que comenzara la sesión, medio centenar de simpatizantes de la plataforma "Vertivega", provistos con carteles y pancartas que alegaban en contra de la reapertura de la planta, se concentraba en las inmediaciones del consistorio para protestar. Y es que han sido precisamente los residentes en los alrededores del vertedero los que en los últimos meses han descubierto toneladas de basuras enterradas de forma ilegal en terrenos agrícolas, además de denunciar supuestas irregularidades en el funcionamiento del vertedero, que da servicio a una veintena de poblaciones, la mayoría de la Vega Baja.
Desde la bancada socialista, su portavoz, María José Atienza, explicó que su grupo votaría en contra de la modificación al estimar que se trataba de "otra chapuza para seguir dándole manga ancha a este problema", y alertó que los vertidos ilegales de residuos están siendo investigados por las fuerzas de seguridad. Atienza recordó que cuando se instaló el vertedero, la mercantil vendió el proyecto como "garantía de empleo" a través de una "gestión empresarial ejemplar", y que sin embargo hoy existen informes que apuntan a los riesgos nocivos para la salud y para las explotaciones agrícolas derivadas de la actividad "descontrolada" de vertidos. "Estamos hablando de la salud de nuestros hijos. Que la mierda se la lleven a otro sitio", sentenció la socialista. Por su parte, la edil de IUMA también centró su exposición en la importancia de garantizar que el vertedero no cause efectos negativos en la salud antes que fijarse en los beneficios económicos. En la actualidad, la actividad del vertedero se encuentra clausurada desde que el Gobierno de Murcia decretó su cese el pasado septiembre, aunque dicha decisión no afectó a la planta de valorización, donde se hace el proceso de selección de residuos para su aprovechamiento. La exclusión de los terrenos donde se encuentra emplazado el vaso 3 del LIC de la sierra abre ahora la puerta a su legalización.
Los manifestantes increpan al alcalde
Durante el Pleno, un grupo de vecinos sacó pancartas e increpó al regidor preguntándole si conoce los efectos negativos que la actividad del vertedero está causando en los vecinos de La Murada, Benferri o Abanilla. Uno de los concentrados le recriminó que "los casos de cáncer en mujeres jóvenes se han multiplicado en los últimos años", mientras otros gritaron frases del tipo: "Más salud y menos dinero". El público aplaudió la acción de los manifestantes mientras agentes de la Policía Local los desalojó del consistorio. Al término de la sesión, el portavoz de Vertivega, Vicente Pérez, trasladó que con el acuerdo adoptado "se favorece a una empresa que está cometiendo graves irregularidades que afectan a la salud de los vecinos", y vaticinó que es el primer paso para que Proambiente "pueda poner en marcha la actividad de los vasos de vertido 3 y 5 con un posible levantamiento del cese de actividad dictaminado por el Gobierno murciano".
