Subsanados los defectos de forma, que no de fondo, el Consejo Jurídico Valenciano ha dictado una resolución favorable a la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Orihuela para rescindir el contrato de las basuras que firmó en la anterior legislatura la alcaldesa, Mónica Lorente (PP), con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Orihuela Capital de la Vega Baja, que integraban las empresas Sufi (ahora Valoriza), Liasur y Gobancast. El equipo de gobierno hizo ayer público la resolución horas después de conocerla.

Como ha venido publicando este periódico, dicha contrata de basuras está siendo investigada por el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, por supuesta corrupción política, dentro de una de las piezas separadas del denominado caso Brugal, que también investiga, por ejemplo, la adjudicación del Plan Zonal de Residuos al empresario alicantino Enrique Ortiz por la Diputación Provincial.

El equipo de gobierno (PSOE, CLr y Los Verdes), poco después de asumir la gestión municipal, comenzó a detectar supuestos incumplimientos de la contrata de tal gravedad que acordó iniciar el procedimiento administrativo para la rescisión del mismo. De la mano de los concejales Pablo Vidal -Infraestructuras- y Asun Mayoral -Contratación-, y con el respaldo de los técnicos, se elaboró un extenso informe que la UTE no supo responder -siempre según el equipo de gobierno- sobre los motivos por los cuales desde mayo de 2009, cuando se asumió la contrata, se ha venido cobrado por servicios que nunca han disfrutado los ciudadanos de Orihuela. La falta de maquinaria, de contenedores soterrados, de personal o de una planta de transferencia en la costa, son algunas de las cuestiones fundamentales que planteó a la adjudicataria el actual equipo de gobierno, algo que nunca vio el anterior del Partido Popular pese a que, según todas las fuentes consultadas por este diario, "eran más que evidentes".

Causa objetiva

La concejala Asun Mayoral, aseguró ayer que el informe avala la tesis municipal de que existe una causa objetiva de incumplimiento, lo que supone un respaldo ante cualquier iniciativa judicial que ahora la UTE quiera llevar adelante para defender sus derechos, reclamar una multimillonaria indemnización o exigir continuar con el actual servicio que, además, el propio Ayuntamiento le secuestró (o asumió, como se prefiera) el pasado mes de marzo y por tres meses tras una huelga de una semana de los trabajadores que dejó cientos de toneladas por recoger en las calles de la ciudad.

Además, Mayoral no quiso abundar ayer en una cuestión que han descubierto ahora: después de asumir el control de maquinaria y de personal han descubierto más incumplimientos graves a través de la documentación que la UTE negó reiteradamente al Ayuntamiento y que vendría, entiende la edil, a añadir más causas objetivas a la rescisión.

El equipo de gobierno ya no tiene marcha atrás y tendrá que llevar el expediente a sus últimas consecuencias. De hecho, Mayoral aseguró ayer al periódico que en este largo mes que ha transcurrido desde que la resolución provisional ha ido y venido a Valencia (hace tres semanas se rechazó la petición por una cuestión de forma, ya que el Consejo Jurídico Consultivo entendía que se tenía que añadir a la misma la petición que realizó la propia empresa de rescindir la contrata) la mercantil no ha movido pieza alguna; es decir, no ha dicho si tiene previsto cumplir todos esos incumplimientos para buscar una solución alternativa.

Fecha

La edil de Contratación no se atrevió ayer a dar una fecha sobre cuándo acabará la relación entre Orihuela y la UTE, pero aseguró que la semana próxima será uno de los principales temas de cartera del equipo de gobierno. De momento, admitió, no tiene respuesta de la empresa Urbaser, que ganó un pleito al Ayuntamiento de Orihuela recientemente, con base en una sentencia en firme, por el cual le reconocía su derecho a ser la adjudicataria del concurso convocado en 2005, que la mesa de contratación le dio un año más tarde y, finalmente, le denegó el pleno municipal en diciembre de 2007, con los votos del PP, que lo declaró nulo.

Urbaser, en ejecución de sentencia, solicitó que le dieran el servicio o, en caso contrario, se la indemnizara en una cantidad que superaba los 7 millones de euros y que el Ayuntamiento no está dispuesto a pagar. Si quieren trabajar, que trabajen y al precio que se pactó en 2005, cuando se adjudicaron provisionalmente el contrato.