29 de febrero de 2012. Registro de entrada del Ayuntamiento de Torrevieja. Petición de documentación sobre la planta de transferencia. Firmado: Cabo Primero del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Guardamar del Segura. Registro de salida. 14.46 de la misma jornada. Área de Actividades y Urbanismo del Ayuntamiento. Asunto: Notificación del decreto de clausura de la planta de transferencia de residuos sólidos a Acciona.
La Guardia Civil reclamó en la mañana del 29 de febrero al Ayuntamiento la licencia ambiental de la planta de basura y en su defecto el expediente administrativo relacionado con esta instalación. El Ayuntamiento no podía atender la primera petición porque el recinto funciona en el mismo emplazamiento en la carretera de La Marquesa sin licencia desde 2004. Cuatro horas después, en una alarde de eficiencia administrativa, sí salía del área de Urbanismo un extenso decreto firmado por el edil Francisco Moreno en el que se ordenaba el cierre de la planta de basuras que da servicio a la contrata municipal de recogida de residuos. Todo parece indicar, por esta documentación, que el decreto estaba preparado a priori para esta contingencia.
Sin presiones
El edil aseguró a los medios de comunicación que esta contundente decisión, inédita en la gestión municipal en democracia, se había adoptado sin estar condicionada por las diligencias de investigación sobre la legalidad de la planta iniciadas por el Ministerio Fiscal a instancias de la oposición al equipo de gobierno.
Sin embargo, la secuencia de los hechos demuestra que hay una causa efecto entre la recepción de la petición de la licencia y el decreto de cierre, que además dejaba sólo tres días a la empresa para adaptarse a la nueva situación.
De hecho, pese a los ruegos de la empresa, que además de realizar el servicio ha mantenido una estrecha vinculación con el Ayuntamiento, Urbanismo no aceptó una prórroga y ejecutó su decreto de cierre sin ampliar el plazo. Clausura que sigue a día de hoy vigente. El decreto dice que el recinto no cumple con la legislación ambiental de la Comunidad Valenciana, algo que incumplía en 2004, cuando se puso en marcha, tal y como han reiterado en el pleno los miembros del PSOE y de Los Verdes.
La mercantil intenta en estos momentos justificar al detalle por qué necesita al menos tres meses para adaptarse al cierre, que obliga a los camiones a realizar un recorrido de tres horas para descargar la basura en el vertedero de La Murada y adquirir incluso nueva maquinaria, aunque es algo que no está claro porque eso incrementa los costes de la adjudicataria, a la que sólo le restan dos años de contrato.
La preocupación, tanto del Ayuntamiento, como de la mercantil es cómo afrontar la Semana Santa sin contar con esta instalación y al tiempo afrontar la reapertura a sabiendas de que existen diligencias judiciales abiertas precisamente a raíz de la actividad.
