El ayuntamiento de Orihuela abrirá un expediente de desahucio de los juzgados oriolanos si, en el plazo de 90 días, la Generalitat no abona la deuda que mantiene con el consistorio por el pago del edificio que los alberga, construido hace ocho años en suelo de propiedad municipal.
Así lo ha anunciado hoy, en rueda de prensa, la concejala de Planificación y Proyectos, Antonia Moreno, quien ha dicho que si no se llega a un acuerdo, llevará el asunto a los tribunales en torno al 13 de junio.
Moreno ha afirmado que, según el peritaje hecho por los técnicos municipales, junto con el viejo edificio de los juzgados, la Generalitat debería al consistorio unos tres millones de euros a cambio del actual Palacio de Justicia.
La también portavoz municipal ha cifrado "la deuda real" del Gobierno valenciano con Orihuela en unos diez millones de euros.
Según Moreno, la Conselleria de Hacienda, responsable de los pagos y convenios, tiene un bajo privado alquilado a pocos metros de los juzgados.
También ha insistido en "la falta de compromiso" en la que, a su juicio, ha incurrido la Generalitat con Orihuela y ha asegurado que ninguna infraestructura sanitaria con las que cuenta la ciudad ha sido pagada por la Administración autonómica.
"Sin embargo, en el resto de poblaciones sí. Nos hemos convertido durante años en una especie de ONG del Gobierno Valenciano", ha opinado.
En manifestaciones realizadas la semana pasada, Moreno afirmó que la Conselleria de Hacienda había propuesto al ayuntamiento que cediera el terreno donde está construido el Palacio de Justicia a la Generalitat, pero sin establecer un compromiso o calendario de pagos.
La edil señaló que la corporación municipal no realizaría cesión alguna hasta que se firmara un convenio donde se acotasen los plazos de abono por parte de la Conselleria.
Moreno expuso entonces que el consistorio sólo aceptaría una "permuta simultánea" de los dos edificios -el que alberga ahora los juzgados oriolanos y el inmueble que los acogía antiguamente- más la cantidad de dos millones de euros que la Conselleria debería abonar.
Arguyó que la Administración valenciana habría de pagar ese montante porque el valor económico de la construcción nueva, donde están ubicados en la actualidad los juzgados, es superior al del anterior inmueble.
También indicó que el consistorio lleva ocho años prestando un servicio en los juzgados que correspondería a la Generalitat.
