La junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela ha rechazado la devolución del aval a un promotor y se ha negado a recepcionar las obras del sector T2 de la urbanización Filipinas Oeste, en Orihuela Costa, después de comprobar que del proyecto, que comprendía la urbanización de más de 315.000 metros cuadrados, les han "birlado" 3.075 metros cuadrados destinados a viales y aceras y que ahora han pasado a hacer más grandes parcelas, viviendas, chales, jardines particulares o piscinas a lo largo de tres calles. Así lo aseguró ayer la portavoz Antonia Moreno (PSOE) que, una vez más, culpó al PP y a su forma de gestionar Orihuela de que cosas así sigan descubriéndose. Según la socialista, los técnicos advertían en sus informes a los políticos populares que las nuevas calles no tenían el ancho que aparecía en los planos, algo que se soslayaba para proceder a la progresiva aprobación. Moreno aseguró que desde Urbanismo se sigue recabando información y que, al final, este asunto y otros se llevarán al juzgado para que se investiguen por prevaricación. Algo que no es nuevo, de hecho, muy cerca de este sector, un juzgado de Orihuela está investigando un caso muy parecido porque las calles debían tener 15 metros y, en realidad, tienen menos de la mitad.

Sin informe

La portavoz relató cómo ese asunto llegó para aprobación al final de la pasada legislatura y ella se lo encontró "sin un informe técnico que solicité". Moreno manifestó su sorpresa al comprobar cómo una técnico suplente relataba que en el vial 5A se había invadido 5 metros de suelo público a lo largo de 59 metros; cómo en el vial 5B se había "comido" un metro a lo largo de 25 metros (tres parcelas) y cómo en el vial 6 faltaban otros 5 metros a lo largo de tres parcelas que totalizan más de 450 metros. El sector está acabado y de haber consentido esa irregularidad al promotor se le habría devuelto el aval que puso en su día, unos 340.000 euros, porque hubiera supuesto admitir que todo estaba correcto, pero la edil dijo que ella no había ido a Urbanismo, "para hacer amigos", con lo cual le ha instado a restaurar la legalidad, como ello es imposible, ya que buena parte de las viviendas se vendieron a terceros "de buena fe", según la concejala, no se podrá hacer más que quedarse 310.937 euros de la fianza que es la cantidad en la que tasan los técnicos el terreno perdido.

Moreno hizo ayer una advertencia porque, aseguró, la propuesta que tumba es la primera que ha resuelto el actual equipo de gobierno y se teme que el resto serán similares; es decir, que se encontrarán irregularidades parecidas. De hecho, la portavoz se atrevió a dar una cifra: 2 millones de euros, que es la cuantía que el Ayuntamiento cobrará de varios sectores en construcción en los que ya advierte que los promotores se han echado al bolsillo algo de suelo municipal. Nunca al revés. La concejala también advirtió que el Ayuntamiento no iba a recepcionar más urbanizaciones por tramos, algo que aseguró era una práctica habitual en las últimas legislaturas del PP. Preguntado ayer el exconcejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, aseguró que "los informes los realizan los técnicos, no los políticos y eso es algo que no ha terminado de entender Antonia Moreno".