La desalinizadora pagará a la Generalitat 1,2 millones de euros al año, el 5% de la previsión de ingresos al año de la empresa cuando esté en funcionamiento, a cambio del uso de la zona portuaria por la que discurrirán los tubos de captación de agua y rechazo de salmueras y en concepto de "partida de rendimiento de actividad". El puerto es dominio público gestionado por la Conselleria de Infraestructuras. Ese acuerdo, que deberá satisfacer la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA, promotora de la desalinizadora, es el que ha permitido que desde el 25 de enero la maquinaria pesada se haya puesto a trabajar en la construcción de la plataforma sobre el que se ubicarán los colectores de grandes dimensiones pegados al dique de Poniente del puerto. Poco a poco, la piedra le va ganando terreno al espejo de agua situado a lo largo de los 800 metros de este dique, en la playa de Los Náufragos. Desde hace un par de semanas, once camiones realizan durante todo el día el transporte de materiales. En cada viaje van cargados con 25 toneladas de piedra procedente de una cantera murciana. Están realizando las obras con gran rapidez para intentar evitar al máximo incidencias durante la temporada turística, aunque las previsiones ya hablan de final de año para su finalización. Es la última fase de las obras de la desalinizadora, que comenzaron en febrero de 2007. Una fase que se había demorado 31 meses a cuenta del permiso que no llegaba de la Generalitat- el resto de la planta para generar agua potable con recursos del mar, está terminado-.
Fue en noviembre cuando la administración autonómica, coincidiendo con la previsión de cambio de gobierno y la postura del gobierno de Castilla-La Mancha -ya en manos del PP- de seguir denunciando el trasvase Tajo-Segura, cuando dio esta autorización y se desbloqueó esta fase final de las obras. Hasta ese momento la Generalitat se había opuesto frontalmente al proyecto en consonancia con la política del PP en defensa de los trasvases.
Condiciones
Pero la Conselleria de Infraestructuras ha puesto sus condiciones. Y son muy específicas. La "partida por rendimiento de actividad" se calcula como el 5% de los ingresos brutos previsibles. Como base para ese cálculo estiman una producción máxima anual de 80 hectómetros cúbicos- una de las más importantes del mundo-. El coste del metro cúbico producido será de 0,3 euros, con lo cual los ingresos para la Generalitat, aplicando ese 5%, son de 1,2 millones euros al año.
El acuerdo incluye otras variables que reducen la cantidad si la planta no alcanza su nivel de producción máxima. Por ese motivo la Generalitat dispondrá del concesionario, en este caso una unión temporal de empresas liderada por Acciona, de una declaración de producción de la explotación "donde detalle, mes a mes, el volumen de agua desalado". Además de esa partida se fija el canon de aprovechamiento de superficie del puerto de 15.056 euros anuales, "de acuerdo con las superficies calculadas a partir de la documentación entregada".
A la espera de las obras de compensación y de la autorización integral
Sobre la plataforma de piedra que se está realizando en el exterior del brazo portuario de Poniente se realizará un cajón de hormigón armado que alojará los tubos. Y, sobre ese armazón, se ubicará un paseo marítimo de unos ochocientos metros hasta el faro. Esta última es una de las compensaciones acordadas entre el Ayuntamiento y el Gobierno central a la hora de poner en marcha la planta desalinizadora en Torrevieja. Además de esta actuación, contemplada en la legislación por el impacto que genera la infraestructura, está pendiente de adjudicar las obras de reurbanización del barrio de San Roque, zona por la que discurren soterrados lo tubos en tierra. Están presupuestadas en 5,8 millones euros y es el Ministerio de Medio Ambiente el que debe adjudicarlas tras licitarlas hace ahora un año.
Tras desbloquearse la autorización de paso y uso del dominio portuario, el último requisito administrativo que exige la planta desalinizadora para que se ponga en marcha es la autorización ambiental integrada por parte de la Generalitat. Ésta petición se registró en el año 2007, momento en el que comenzaron las obras. La Generalitat, se negó alegando daños ambientales al parque natural, siguiendo su discurso en contra de las desalinizadoras y su apuesta por los trasvases -en aquel momento el del Ebro-.
La Generalitat aseguraba que el Gobierno se estaba actuando en una materia que era de su competencia y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que diera el visto bueno a la continuación de la construcción, al margen de la citada autorización que está en la mesa de los miembros del Consell desde hace cinco años. M. Pamies
