El promotor de una estación de servicio en Callosa de Segura ha acusado al Ayuntamiento, en manos del PP, de trato de favor hacia un empresario que quiere abrir otra gasolinera en la localidad por no haberle requerido la declaración de Interés Comunitario del suelo rústico sobre el que se ubica la finca donde se prevé la instalación del negocio, un trámite que el afectado ha tardado en obtener cinco años. El perjudicado ha denunciado los hechos en la Conselleria de Urbanismo al considerar que la decisión del Consistorio le ha causado un agravio comparativo con el que ha dejado de ingresar cientos de miles de euros y ha exigido que se paralice la construcción del surtidor de la competencia y se restablezca la legalidad urbanística en la localidad.
Los hechos se remontan a 2005 cuando el supuesto afectado inició en el Ayuntamiento los trámites para la construcción y apertura de una gasolinera en una finca ubicada en el kilómetro uno de la carretera CV-913, una petición que fue contestada el 5 de mayo de dicho año informando que "previo a la idoneidad municipal deberá solicitar la declaración de Interés Comunitario al organismo correspondiente" según la interpretación del Plan General de Ordenación Urbana que hicieron los técnicos del Ayuntamiento. El empresario no consiguió el visto bueno de la Generalitat en este sentido hasta cinco años más tarde.
Negocio
Así, el equipo jurídico del promotor del negocio descubrió que a tan sólo 300 metros del lugar donde se instalará la estación de servicio, un segundo empresario había iniciado la construcción de otra gasolinera que, al parecer, ha obtenido todas las licencias municipales en tan sólo un año sin necesidad de haber tramitado la declaración de Interés Comunitario pese a encontrarse también en suelo no urbanizable.
El abogado del afectado, Jaime de Lacy, acudió entonces al servicio territorial de Urbanismo de Alicante, donde le informaron que dicha declaración era imprescindible para la construcción de este tipo de negocios en ese lugar. Asegura que pidió entonces explicaciones al titular de Urbanismo en Callosa, Paco Rodríguez, quien se excusó en que "tras una segunda interpretación de las ordenanzas municipales se determinó que es legal el acto realizado de concesión de licencias sin necesidad de la obtención previa de la declaración de Interés Comunitario". No obstante, el edil admitió que en este caso ha existido un "agravio comparativo y desigualdad" a la hora de conceder las licencias, mantuvo el letrado.
Ley del Suelo
El afectado, que entiende que se ha vulnerado la Ley del Suelo no Urbanizable y que el Ayuntamiento ha favorecido claramente al otro empresario, puso los hechos en conocimiento de la Conselleria en noviembre de 2011 para que se investigue la responsabilidad del Consistorio en todo este asunto. Aunque preguntó por el plazo máximo en que se tardaría en resolver esta denuncia para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Alicante, asegura que no ha obtenido respuesta. No obstante, el concejal Rodríguez admitió que los servicios de inspección de la Generalitat le han solicitado copias de la documentación de estos expedientes, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha hecho nada para paralizar la construcción de la estación de servicio que está ya prácticamente terminada.
