Paralizado, de momento. Miembros de colectivos de afectados por la hipoteca de Torrevieja y la Vega Baja lograron ayer frenar, temporalmente, el desahucio de una mujer embarazada y con dos hijos. Ana Belén Fernández, natural de Madrid. Ésta explicaba ayer, muy nerviosa, que en septiembre solicitó a Caja Mediterráneo (CAM), entidad con la que tiene firmada la hipoteca, el alquiler social por un periodo de cinco años y una cantidad que no superaría los 200 euros mensuales para poder seguir viviendo en la casa donde reside desde hace ocho años, en la calle San Miguel de Salinas, muy cerca de la plaza de las Islas Canarias, en el barrio de El Acequión. La entidad, según la afectada, no ha contestado a esa petición que tiene sellada y rubricada y se habría negado a renegociar la hipoteca.
Ana Belén lleva dos años en paro y no cobra ninguna prestación social por lo que no puede hacer frente al pago mensual de las obligaciones con la caja de ahorros, a la que debe alrededor de 80.000 euros, con cuotas mensuales de 600.
La comisión del Juzgado de Primera Instancia 3 de Torrevieja tenía previsto llegar al inmueble sobre las nueve y media de la mañana. Una docena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrevieja y la Vega Baja -Stop Desahucios- y del Movimiento Local Torrevieja se apostaron con pancartas en el portal del edificio para impedir que se ejecutara la medida judicial y la entrada de los funcionarios para esgrimir una documentación que, según la afectada, demuestra que la CAM abrió una negociación para abordar el alquiler social sin cerrarla. Casi dos horas y media después de la prevista y cuando muchos de los presentes creían que la comisión judicial no iba a acudir, llegaron al inmueble.
Fueron recibidos al grito de: "Manos arriba, esto es un atraco". Entonces notificaron personalmente a la afectada "la suspensión provisional" del desahucio por 15 días, entre una nube de periodistas y cámaras, alegando "una delicada situación personal" y "ante la oposición de un número importante de personas".
El colectivo ciudadano quiso acompañar "en señal de apoyo" a Ana Belén Fernández y a sus hijos a la paralización del desahucio y solo permitieron la entrada de la comisión judicial cuando comprobaron que se descartaba el desahucio y se garantizaba el seguimiento de los medios de comunicación de toda la secuencia.
Alquiler social
La portavoz de la plataforma, Desiree Montero, explicó que si la entidad financiera accede a la petición del alquiler social, la situación de Fernández sería más sostenible. Su actual pareja tiene trabajo y podría afrontar el pago del alquiler social. Este movimiento ciudadano ha logrado varios alquileres sociales para personas en situación de desahucio con diferentes instituciones financieras y que se halla en negociaciones para lograr otros tantos en la Vega Baja. El colectivo intentará en los próximos quince días que CAM conteste al escrito presentado por la afectada para lograr el alquiler social, según ha anunciado la coordinadora.
