El concejal de Patrimonio de Orihuela, Manuel Culiáñez, quiso presionar públicamente ayer a la Conselleria de Cultura para que proyecte y ejecute una reforma urgente de la fachada oeste de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina (la que da al Ayuntamiento, conocida como "Portada de las Gradas") después de que el viernes pasado se detectaran, tras un aviso del párroco, nuevos desprendimientos. En este caso los cascotes son de pequeñas dimensiones y han caído desde los sillares del la zona alta de la fachada, en la que los servicios técnicos han detectado que hay "muy mala impermeabilización".

Culiáñez ha remitido a la Dirección General de Patrimonio el informe técnico y la súplica de que se proteja cuanto antes este Bien de Interés Cultural, habida cuenta además de que hace pocas semanas la propia consellera, Lola Johnson, firmó que la Generalitat destinará prioritariamente el dinero a restauraciones como la de Santa Justa o Santo Domingo (donde el refectorio es la zona en peor estado) y no a San Agustín porque esta última iglesia no es BIC. La consellera respondió así a una petición de un vecino al Síndic de Greuges, y ahora Culiáñez le pide que sea coherente con ello y acometa la reforma de emergencia en esta zona de Santa Justa. Eso sí, sin perjuicio de que en un futuro cercano se mejore la cimentación de la iglesia, que sigue provocando grietas en la Capilla de la Comunión o la Sacristía.

Indefensión por una sanción de 300.000 euros por vertidos

Culiáñez también anunció ayer que desde la Concejalía de Medio Ambiente se han presentado nuevas alegaciones a una sanción de 300.000 euros que impuso la Confederación Hidrográfica del Segura al Ayuntamiento por vertidos contaminantes en 2009 procedentes de la depuradora del centro urbano. El consistorio se basa en un análisis que señala que el vertido no es contaminante y no afecta al dominio público hidráulico y en que la CHS deja al consistorio a una situación de indefensión jurídica por el propio proceso de tomas, porque son insuficientes. Pero el argumento fundamental, según Culiáñez, es que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre la depuradora, ni para mejorarla ni para controlar sus vertidos. La entidad pública de saneamiento "Epsar", dependiente de la Generalitat, es la que tiene la responsabilidad, dijo el concejal, y por lo tanto imponer una multa al Ayuntamiento solo por el hecho de que el vertido sea en su término municipal es "una barbaridad jurídica". Culiáñez mencionó que los hechos le inducen a pensar en un mero afán recaudatorio y dijo que la Generalitat incumplió un plan de 2001 a 2008 que preveía construir una nueva depuradora en Orihuela.