"Esto no es justicia. Sólo se parece". Esa es la conclusión a la que ha llegado Honorio Hernández, representante de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), al comprobar que ninguno de los siete promotores y constructores citados a declarar en el Caso Catral como testigos acudió ayer a la cita en el Palacio de Justicia de Orihuela. Este procedimiento investiga la construcción ilegal de más de mil doscientas viviendas en suelo rústico de huerta sin licencia desde principios de la década de los 2000 hasta 2006 en Catral.
"Uno avisó (no él) que había fallecido en 1963, cinco no fueron citados por correo con acuse de recibo. Otro, Joaquín Aráez Roca, ignoró la citación", según explicaba ayer la misma fuente en un comunicado. Este último es el que figura en la investigación, dice Fernández, como supuesto autor de la siguiente frase ante dos policías locales de Catral: "A mí nadie tiene que decirme si debo construir o no; si el alcalde Leal no me ha dicho nada, no tiene que venir el Seprona o el jueza a decirme que no construya; aunque me lo diga el juez o Dios, no dejaré de construir; y ahora si me sale de los cojones construiré un hotel con restaurante".
Honorio Fernández, que figura como denunciante en este asunto, lamenta que el juzgado no le haya permitido durante estos largos de instrucción ser informado de los trámites y las diligencias realizadas en una causa que se remonta a su denuncia realizada como representante de AECU en el verano del año 2004 contra el entonces alcalde y cuatro miembros de la junta de gobierno y "una amplia lista de sedicentes promotores-constructores", y quienes ejercían en ese momento como arquitecto y el secretario municipal por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, prevaricación y cohecho. Antes, desde el año 2000 al 2004 esta asociación había denunciado las casas ilegales ante la Generalitat y en varias de sus consellerias y "nadie hizo caso". En 2006, la denuncia, tras ser archivada inicialmente en Orihuela, fue "rescatada" por la Fiscalía en el último momento porque la Generalitat, en una iniciativa sin precedentes, intervino, en octubre de ese año, con la Policía Autonómica, el Ayuntamiento por irregularidades urbanísticas.
Demora
El juzgado que lleva el asunto, el de Instrucción 2 (antiguo mixto 5) no ha aceptado a Fernández sus peticiones para que declaren otros constructores. "AECU es la fuente de todos los poderes otorgados a abogados y procuradores y es nuestro derecho y deber controlar que el proceso no se duerme ni se demora", subraya Fernández. "Para la justicia España necesita un plan Marshall", reitera Fernández en un comunicado.
