El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España a indemnizar con una cantidad de 21.000 euros a Asunción Ortuño por "tardar más de 11 años en ejecutar la liquidación de bienes gananciales de su matrimonio" con J.A.Q., tras una separación que había sido dictada por un juzgado de Orihuela. Ortuño, madre de dos hijos y residente en Alicante, recorrió varias instancias judiciales hasta presentar sin éxito, a partir de 2000, varios recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como una demanda de reparación ante el Ministerio de Justicia.
La demandante acudió al Tribunal de Estrasburgo en 2007 por "la duración excesiva del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva que había ordenado la liquidación del régimen matrimonial", recoge la resolución. Ortuño invocó el artículo 6.1 (Derecho a ser juzgado en un plazo razonable) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, estimó que la asistencia gratuita de la que se benefició "no defendió sus intereses con efectividad".
Fase
La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo afirma que "un lapso de tiempo de más de 11 años a día de hoy para la fase de ejecución de una sentencia definitiva no responde a las exigencias de plazo razonable". El texto, en cambio, añade que la presentación de varios recursos y demandas por parte de Ortuño contra los abogados de oficio y varios jueces de Orihuela y del Tribunal Constitucional "ha demorado el desarrollo del proceso de ejecución". A pesar de ello, la Corte "no reprocha a la demandante haber utilizado las vías procesales disponibles para defender sus intereses".
ATASCO
Entre los más colapsados del país
A los profesionales de Orihuela -abogados y procuradores- no les extraña el retraso en la resolución de sentencias, algo por desgracia habitual en el municipio y que ha llamado, incluso, la atención del Consejo General del Poder Judicial. Su vicepresidente, Fernando de Rosa, estuvo hace dos años en la ciudad para anunciar un plan de choque, con tres magistrados más, que desde hace casi un año están trabajando a marchas forzadas para sacar el papel pendiente de resolver.
El problema es que el número de asuntos que se recibe supera la capacidad de los magistrados para resolver y esta situación de caos ha terminado por hundir los juzgados con funcionarios que, cuando pueden, piden rápidamente el traslado a otro destino con menor carga de trabajo. M. A.
