Dos tercios de los 27 ayuntamientos de la Vega Baja, un total de 18, no ofrecen los contenidos oficiales de su página web en valenciano e incumplen con ello las normas autonómicas en materia de cooficialidad lingüística encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos de la Comunidad a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas con las administraciones públicas. Así que un grupo de ciudadanos lleva meses presentando reclamaciones ante el Síndic de Greuges.
La primera queja exponía en valenciano que la página web del Ayuntamiento de Torrevieja cuenta con una pestaña que da opción a la versión en esta lengua, pero que está inactiva y sólo remite a textos en castellano, y que ello contradice la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (en vigor desde 1983), que establece "el derecho de todos los ciudadanos a ser informados por los medios de comunicación sociales tanto en castellano como en valenciano" y que dio a las administraciones un plazo de tres años para adaptarse. Los tres años se cumplieron hace veinticinco.
El Síndic de Greuges admitió la queja y comenzó a elaborar su informe, también redactado en valenciano. Pero cuando el Ayuntamiento respondió con sus alegaciones expresó en castellano que "el grueso de los contenidos están disponibles en páginas accesibles desde la portada en la opción llamada "Torrevieja"". Aunque los interesados ya no siguieron con la queja y el Síndic cerró el expediente, ello no fue impedimento para que recordara al consistorio que "esta institución es consciente de que los recursos de los ayuntamientos son limitados (pero) la legislación vigente respecto al uso del valenciano es clara y no admite ninguna interpretación" y que los organismos públicos tienen la obligación de facilitar impresos, modelos oficiales o formularios en las dos lenguas. De hecho, la "bronca" es mayor porque no se responde en valenciano a quienes interpusieron la queja: "Las comunicaciones se tendrán que hacer en la lengua escogida por el interesado".
La cooficialidad lingüística está instaurada por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía, recuerda el Síndic, que además señala que "será necesario otorgar un especial respeto y protección a la recuperación del valenciano". En todo caso, la Vega Baja es una zona castellanoparlante incluso a efectos educativos (así lo reconoce la Conselleria de Educación), a excepción de Guardamar del Segura (el municipio más cercano a la comarca del Baix Vinalopó) y la pedanía oriolana de Barbarroja (a 41 kilómetros de Orihuela, junto al Vinalopó Mitjà).
Catalán
La siguiente queja llegó en relación con la web de Orihuela y de las reclamaciones se defendió el Ayuntamiento alegando -también en castellano, por lo que recibe el mismo reproche que Torrevieja- que un traductor automático permitía leer la página en catalán. El Síndic le dice al Ayuntamiento que "el Estatuto de Autonomía establece que el valenciano, y no el catalán, es la lengua propia de la Generalitat Valenciana y de la Administración Pública, como también de la local y de todas las corporaciones e instituciones públicas que de ella dependen".
La mayoría de ayuntamientos de la comarca siguen el mismo sistema y ofrecen traducciones automáticas al catalán igual que al árabe, al chino o al turco. Con esta práctica se dan muchas veces traducciones literales que no son fieles al significado del texto, y no se resuelve la traducción de los documentos que se cuelgan en la web (ordenanzas, formularios, avisos, bandos,...) que siguen leyéndose sólo en castellano. También ha resuelto así las reclamaciones la Cámara de Comercio de Orihuela.
Intención
El siguiente en la lista de reproches fue San Fulgencio, un municipio que explicó al Síndic que "no ha sido nuestra intención cometer ningún agravio lingüístico" o que "se hizo un estudio de las necesidades lingüísticas del municipio" y se optó por traducir la web sólo a inglés, francés y alemán. Aún así, el Ayuntamiento dice que nunca ha recibido una queja pero que pese a ello "se va a proceder de inmediato a pedir presupuestos" de traductores.
El Síndic reconoce que "esta institución es consciente del esfuerzo económico que comporta configurar páginas web oficiales, emitir impresos, folletos y publicidad institucional en las dos lenguas cooficiales de la comunidad", pero acaba proponiendo que los ayuntamientos "de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, promuevan las actuaciones necesarias para adaptar los contenidos de su página web institucional al régimen de cooficialidad lingüística vigente en la Comunidad Valenciana".
