La empresa Proambiente, propiedad del empresario Ángel Fenoll, que se encarga de la gestión de los vertidos de 19 municipios de la Vega Baja, del de Calpe y de cuatro de Murcia, entre ellosAbanilla, donde se sitúa prácticamente toda la planta, comunicó hace casi dos semanas a la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia que la actividad había cesado el 21 de octubre, fecha en la que recibieron la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, según señalaron ayer fuentes de la Consejería. Este documento ordenaba el cierre del vertedero por un periodo de 30 años y daba a la empresa un plazo de tres meses para presentar el proyecto de sellado.

No obstante, Ángel Fenoll ha asegurado por activa y por pasiva que continuará prestando el servicio de retirada de basuras de cuatro municipios de la Región, aunque el Gobierno regional clausure las instalaciones. De hecho, el vertedero sigue funcionando con normalidad.

Asimismo, fuentes de la Comunidad Autónoma indican que la empresa les pidió un escrito de aclaración sobre el cierre del vertedero, que ya está elaborado, y que "Proambiente no ha querido finalmente que se le notifique". Asimismo, señalan que los técnicos de Inspección "están alerta para que, si hay constancia de que hay actividad en la planta, tomen medidas".

Proambiente ha presentado un recurso de alzada contra la polémica decisión del Gobierno regional, que el propio Fenoll achacó a "una equivocación administrativa" de la consejería de Presidencia, diciendo además que "si se cierra alguna vez será un vaso, pero la planta sigue igual y los residuos entran igual". De hecho, Fenoll mantiene que no tendrá ningún problema en seguir gestionando y reciclando el 80% de los residuos y el resto, mandarlos a otros vertederos.

La Comunidad Autónoma decidió comprobar el año pasado si estas instalaciones presentaban irregularidades tras las denuncias que interpuso Ecologistas en Acción, que mantenía que el vertedero ocupaba una zona protegida de la Sierra de Abanilla. Tras varias inspecciones se comprobó que se realizaban vertidos en lugares no autorizados y en vasos ya sellados, deficiencias que Proambiente recurrió.

"Peligran 250 puestos de trabajo"

Fernando Molina, el primer edil de Abanilla, dijo ayer estar muy preocupado por el futuro del vertedero, ya que "si cierra, significa que 250 personas, la mayoría vecinos de la localidad, se van a la calle". El alcalde del PP manifestó que "tiene que haber otra solución antes que el cierre inmediato", una decisión que, en su opinión, "haría mucho daño a la economía local y regional".

Por su parte, José Antonio Cutillas, portavoz socialista en este ayuntamiento, también le preocupan los despidos si la clausura de la planta de residuos se hace realidad, pero defiende que "el delito medioambiental debe cesar. Aquí no vale todo excusarse en que la empresa da trabajo. Sufrimos malos olores a cambio de que el alcalde se encargue de colocar a 15 o 20 personas en la planta". I.L.