El alcalde de Benejúzar, Antonio Bernabé (PP), contrató a un detective para que siguiera los pasos de un policía local que se encontraba de baja laboral, según los datos recabados por este periódico. Al parecer, el regidor intuía que podría haber algún tipo de irregularidad y concertó los servicios de un investigador para que lo vigilara.
Los honorarios de este profesional, que cobró 928 euros por dos días de trabajo, se cargaron a las arcas municipales y el dossier, cuya información no motivó la apertura de ningún expediente disciplinario al agente, quedó finalmente guardado en un cajón del despacho del regidor bajo el calificativo de "secreto".
Los hechos ocurrieron en julio de 2009, cuando el primer edil contrató los servicios del detective E. L. A., quien se dedicó a seguir al policía entre los días 28 y 29 de julio. Fue el 7 de agosto cuando, supuestamente, se emitió la factura de 928 euros a favor del profesional, aunque la información recabada por éste no fue suficiente para tirar por tierra los certificados médicos de baja presentados por el agente, unos documentos que motivaban el que no acudiera a su puesto de trabajo por prescripción facultativa tras haber sufrido un accidente de tráfico fuera del trabajo.
Así, antes de contratar al detective y según admitió el propio alcalde a preguntas de este periódico, un policía acompañado por un funcionario del Consistorio de Benejúzar se personaron en el centro de salud ilicitano en el que pasa consulta el médico que dio de baja al agente para intentar que éste les certificara que estaba motivada. Algo que, como era de prever, no consiguieron porque el historial clínico de los pacientes es estrictamente privado.
Este diario se puso en contacto con el primer edil benejucense, que trasladó que dicha información es "reservada", aunque no desmintió que se contratara al espía.
Malestar
El regidor expresó su "malestar" por la manera en la que se haya podido filtrar la información, y subrayó que su cometido es el de "defender los recursos públicos de los ciudadanos". Añadió que la ley permite utilizar herramientas de este tipo para discernir cuándo se debe abrir expediente disciplinario a un funcionario.
Así las cosas, a día de hoy nadie ha podido conocer la información que Bernabé calificó como secreta ni los indicios que podía tener el primer edil para justificar la contratación del detective privado.
Al PSOE no le permiten fiscalizar estas facturas
El portavoz socialista en Benejúzar, José Antonio Martínez Mirete, denunció que hechos como éste ocurren porque el alcalde tiene potestad para aprobar facturas por valor de hasta 4.000 euros sin tener que consultar con nadie más. Una cuestión que, aunque son conscientes de su legalidad, fue criticada por considerar que dificulta sus labores de oposición. Así aseguraron desconocer si hay más funcionarios que han sido seguidos y los motivos que tenía el alcalde para contratar al detective. M. A.RIVES
