Los colectivos de padres y madres de alumnos de los colegios e institutos de Torrevieja no tienen nada claro cómo van a afrontar el pago del transporte escolar cuando resta poco más de un mes para que deje de ser gratuito -para los alumnos que estén a menos de 3 kilómetros de sus centros-. La reunión de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (APA) en el Centro Cultural Virgen del Carmen del lunes por la tarde tampoco sirvió para clarificar esa incertidumbre.

Esta vez sin políticos porque al encuentro se llegaba en teoría sin orden del día preestablecido y sólo para abordar las fórmulas de gestión del pago entre todo el colectivo de APA. Sin embargo, la Federación Provincial de APA Gabriel Miró (FAPA) puso por sorpresa sobre la mesa para su aprobación un borrador de trabajo de la Concejalía de Educación del reglamento para subvenciones municipales del transporte escolar, eso sí, abierto a sugerencias. En ese escrito se recogían los criterios de baremación por los que los alumnos podrán recibir además del 50% de subvención municipal, que está garantizada, hasta el 100% del coste, que se establece en un máximo a pagar de 37,5 euros con la subvención municipal del 50% y que se otorgaría por anticipado. Entre esos criterios figuran: la condición de familia monoparental, familia numerosa de cualquier categoría o encontrarse en paro alguno de los padres o tener una renta per cápita igual o inferior a una vez el salario mínimo interprofesional establecido en 2011. Ninguno tiene agregado en el borrador el porcentaje de subvención que supondrían del total. Han sido incluidos a su vez en esta propuesta tres supuestos en los que se sufragaría a el cien por cien del servicio en casos en los que el padre y la madre estén en paro desde hace dos años y, por último, que la familia no pueda costear el autobús al encontrarse en situación precaria. Las ayudas en cualquier caso, da a entender el documento, se justificarán por el gasto realizado mensualmente y se abonará ya agotado el curso escolar.

Los padres no aceptaron el borrador que no se sometió a votación y siguen insistiendo en las dificultades para contratar y gestionar el transporte. "Si nos hemos resignado ya a hacer el esfuerzo de pagar ¿Por qué no contrata y gestiona el Ayuntamiento?", se preguntaban.

"Busca y captura"

Les preocupa especialmente que sean los miembros de las juntas directivas de las APAs los responsables de ir "en busca y captura" de quienes no abonen la cuota del autobús, ya que los contratos con la empresa de transporte no se realizan por el número de pasajeros, pagando el mismo importe tanto si el autobús transporta a diez viajeros como si va al completo.

Tras varias horas de discusión las APAs asistentes decidieron remitir un documento al Ayuntamiento en el que aseguran que sólo asumirán la gestión del transporte si se garantizan varias condiciones, como la dotación de una partida presupuestaria del Ayuntamiento previa en los presupuestos municipales. También se barajó la posibilidad de organizar una manifestación de protesta, pero lo cierto es que se impuso la sensación de hechos consumados y de resignación al pago, aunque existe una propuesta en firme para colapsar con coches la Avenida de las Cortes Valencianas.

Las asociaciones no quieren ser unas "cobradoras del frac"

La decisión de acabar con la gratuidad del transporte escolar está generando un creciente malestar entre el colectivo de padres que ya con el año lectivo en curso no sabe cómo se las van a arreglar para llevar a sus hijos al colegio -la mayoría situados fuera del casco urbano-.

Sobre el debate de la gestión todas las alternativas generan polémica. La dirección de los centros ya se quitó de enmedio asegurando que ellos ya tienen bastante con garantizar que la Generalitat les pague sus presupuestos. Las empresas que han sido tanteadas para que sean ellas las que administren el cobro se niegan en redondo porque no quieren perseguir los impagos y las APAs, de momento, también lo rechazan. El Ayuntamiento, finalmente parece que podría confiar en la FAPA Gabriel Miró la puesta en marcha de esa gestión de los contratos, que deben ser mensuales y con firma, posibilidad que las APAs de Torrevieja cuestionan.