El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento registró ayer una denuncia en el Palacio de Justicia torrevejense en la que reclama que se investigue por qué los trenes turísticos estuvieron circulando durante buena parte del mes de agosto y primeros de septiembre sin contar con la concesión municipal -a la que estaban obligados- y sin ningún tipo de autorización. En total fueron 28 días los que transcurrieron entre la decisión de la junta de gobierno de dejar desierto el concurso y la orden ejecutada por la Policía Local sobre las siete de la tarde del 9 de septiembre. Una supuesta irregularidad que se mantenía, dos días antes, el 7 de septiembre cuando tuvo lugar el accidente mortal de una de las pasajeras de estos trenes.

Sólo después de darse a conocer este suceso, el 8 de septiembre e informarse al día siguiente, el 9, de la muerte de la mujer de origen británico el equipo de gobierno municipal hizo efectiva la orden de que cesara la actividad de los trenes. Orden que ejecutó la Policía Local. Fue el grupo de Alternativa Popular de Torrevieja el que denunció públicamente que el accidente se había producido en el momento en el que los trenes circulaban sin autorización. Cualquier vecino puede comprobar en el perfil de contratante de la página web municipal que esa adjudicación había quedado desierta el mes anterior. Sin embargo, la actividad de estos vehículos siguió con normalidad ese periodo del mes de agosto, el de mayor afluencia turística. Incluso los responsables de la contrata, que ya había agotado su concesión, solicitaron ayuda a la Policía Local para retirar vehículos que le impedían el paso en su recorrido entre Torrevieja y La Mata o por el centro del casco urbano.

Pasos

El portavoz municipal, Joaquín Albaladejo, antes de que se registrara esta denuncia ayer, aseguraba a este diario que el alcalde Eduardo Dolón dará cumplida cuenta en su momento de los pasos dados por el administración local a la hora de exigir a la empresa que cesara su actividad. En este sentido, dijo que el acuerdo de junta de gobierno fue notificado a la empresa y que después, al comprobarse que no lo había acatado se le reclamó el cese de la actividad coincidiendo prácticamente esta orden con el accidente mortal del 7 de septiembre.

Alternativa Popular pidió la dimisión en su cargo del concejal Eduardo Gil Rebollo, regidor del Área de Seguridad Ciudadana, aunque desde el propio equipo de gobierno se cita al concejal de Contratación, Javier Montoro, como responsable de que la diligencia para que la empresa dejara de actuar se hiciera efectiva.

Atestado

Precisamente fue la Policía Local que dirige Gil Rebollo la que en su atestado sobre el accidente mantiene que se produjo por una imprudencia de la mujer fallecida, que se apeó del tren en una parada no establecida en el recorrido y en un momento en el que el conductor reemprendió la marcha sin verla. La víctima perdió el equilibrio y fue arrollada por los ejes de uno de los vagones. El uso de estos trenes ha sido muy popular entre los visitantes de la ciudad en los últimos años. El beneficio de la empresa radica en el pago del ticket (4 euros adultos) por los pasajeros pero en gran medida también en los ingresos por publicidad que permite el soporte superior de los vagones.

Concurso desierto por un correo electrónico

Todo lo que rodea a la adjudicación del servicio de recorridos en tren -el denominado popularmente como tren habanero- está cuajado de interrogantes sin respuesta. Se desconoce, por ejemplo, por qué la empresa contratada estuvo prestando el servicio de forma provisional y no definitiva desde octubre de 2010 y hasta que el Ayuntamiento volvió a sacar a licitación el concurso este verano, tal y como recoge el perfil del contratante. A ese nuevo concurso sólo se presenta la empresa que ya realiza el servicio, con sede social en Cádiz. Presentó todas las documentaciones habidas y por haber reclamadas en el pliego, incluidas las imprescindibles, como la que corrobora que no tiene deudas con la Seguridad Social.

Sin embargo, la junta de gobierno del 12 de agosto rechaza todo el proyecto porque al margen de esa documentación la mercantil "no aporta una dirección de correo electrónico" donde realizar las notificaciones. Algo que se puede resolver en cuestión de segundos, pero que para los técnicos municipales no era un "requisito subsanable" por lo que, con el voto posterior de los políticos, se dejó desierto el concurso. Sin embargo, los trenes siguieron circulando y ocuparon 17 metros de aparcamiento en el centro, junto al paseo de La Libertad sin que la notificación que se le hizo llegar a la empresa, y la que posteriormente asegura el equipo de gobierno que se le hizo llegar para que cesara la actividad, se hiciera efectiva. D.P.