El proyecto del balneario de lodos junto a la laguna es un ejemplo de lo cara que puede salir incumplir la ley de Costas. El edificio promovido por el Ayuntamiento de Torrevieja se construyó sin autorización ni concesión de Medio Ambiente ya que está zona pegada a la orilla salinera y está afectada por el mayor grado de protección que dispone la legislación para salvaguardar el dominio público marítimo-terrestre. El salitre y el paso del tiempo se están "comiendo" la singular estructura de caracola de la primera fase del proyecto. El edificio, ideado por el arquitecto Toyo Ito, está parado desde 2005, tras una inversión aproximada de casi dos millones de euros, parte de ellos sufragados con fondos estatales con destino a municipios de excelencia turística. Para evitar actos de vandalismo y "ocupaciones" temporales que se sucedieron tras el parón de las obras el Ayuntamiento instaló cámaras de vigilancia y ordenó la ejecución de una especie de foso perimetral para impedir el acceso y episodios como el de la rotura de cristales -no quedan- o incendios que han ahumado una madera antes recubierta de cobre. El equipo de gobierno del PP, que tuvo que pagar una sanción por desoir las advertencias de Costas, sólo alude públicamente a la falta de financiación para explicar el parón sin reconocer la ilegalidad.

Sin embargo fue la propia empresa proyectista la que aseguró en un informe a la junta de gobierno que sin modificar la actual ubicación la culminación de la obra es imposible legalmente.

Por otra parte, el Ayuntamiento dejó de ingresar 800.000 euros de transferencias estatales para cumplir una sanción que Costas le impuso por renovar el paseo de Juan Aparicio en 1999 sin permiso. Costas filtró que había multado la obra diez años después de que fuera inaugurada en 2010.