La carga más pesada que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Orihuela es la deuda por los servicios de la limpieza y que a día de hoy supone algo más de 11,2 millones de euros pendientes de pago; es decir, casi el 20% de su presupuesto anual. Esta situación, heredada de los anteriores gestores del Partido Popular (PP), está siendo abordada por los concejales del equipo de gobierno con pies de plomo; principalmente, porque los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que realiza el servicio desde mayo de 2009 ya plantearon en dos ocasiones el conflicto colectivo por cuestiones más nímias al PP y, de hecho, los actuales gestores han recibido algunas presiones veladas en el arranque de esta legislatura para que esta contrata no se toque, según fuentes del equipo de gobierno.
El Ayuntamiento de Orihuela tiene dos acreedores por esa deuda. Una serían las entidades bancarias a las cuales la UTE entrega las certificaciones mensuales que va reconociendo el Ayuntamiento por los servicios prestados y por valor cada una de ellas de casi 800.000 euros. Esta cantidad es lo que el municipio paga por la contrata cada mes y por un periodo de 20 años. Según confirmó ayer este periódico, el anterior equipo de gobierno del Partido Popular las fue certificando hasta finalizar la legislatura sin que, al mismo tiempo, fuera haciendo frente a esas obligaciones. Precisamente, esta semana el portavoz del actual equipo de gobierno, Pedro Mancebo, aseguró al concluir la junta de gobierno que se habían aprobado las certificaciones de los dos meses anteriores, es decir, junio y julio, que se encuentran consecuentemente en la misma situación que las anteriores; es decir, a día de hoy, el Ayuntamiento de Orihuela tiene comprometidas siete certificaciones a razón de 800.000 euros cada una de ellas. En total, unos 5,6 millones de euros. Habitualmente se pagan al cabo de tres o cuatro meses, cuando se ha constatado el cumplimiento de los servicios, pero en estos momentos ya hay siete. La primera de ellas, la de enero, podría abonarse en los próximos días, dijo el edil.
La única concejala del equipo de gobierno que no aprobó ese pago el martes, según confirmó el diario, fue la socialista Antonia Moreno, quien se ausentó en el momento de la votación para no tener que discrepar en el sentido del voto con el resto de ediles, algunos de su propio partido. A preguntas de este periódico aseguró que lo había hecho por coherencia y dijo que "mis compañeros han recibido las explicaciones". Como se recordará, Moreno fue una de las personas más críticas la pasada legislatura con esta contrata, llegando a asegura en un pleno que el empresario Ángel Fenoll era el auténtico dueño de la misma, una conclusión a la que también se llega en uno de los informes del "caso Brugal" que investiga la contrata de las basuras.
Prestados
El segundo gran acreedor que tiene el Ayuntamiento de Orihuela es el propio Ángel Fenoll, quien ha asegurado que tiene pendiente de cobrar un total de 5,5 millones de euros por servicios prestados en el municipio los últimos años. Como se recordará, los letrados del empresario cerraron la pasada legislatura acudiendo a varias reuniones al Palacio del Marqués de Arneva para intentar llegar a un acuerdo que hubiera supuesto la retirada de los procedimientos de reclamación abiertos contra el Ayuntamiento. Los abogados tienen previsto iniciar rondas de contactos con el actual equipo de gobierno para lograr un compromiso de pago que a ellos les beneficiaría, por ser más rápido que cualquier pleito, pero también al Ayuntamiento porque se ahorrarían las costas del proceso y la siempre posible amenaza de un embargo.
Fenoll no tiene la menor duda que al final cobrará porque todas las facturas llevan la firma de concejales del entonces equipo de gobierno del PP avalando los trabajos realizados por sus empresas al municipio.
Pero, aún hay más, el Ayuntamiento de Orihuela está a la espera de saber qué hace Urbaser con la sentencia que se dio a conocer el pasado mes de julio, dictada por el TSJ, que da la razón a la mercantil en el procedimiento que abrió por la anulación del servicio de recogida y limpieza viaria. Según los portavoces del equipo de gobierno, Urbaser está en disposición de reclamar 9 millones de euros después de que el fallo deje claro que Urbaser tendría que ser en estos momentos la actual adjudicataria del servicio.
