De 2010

Orihuela presenta 5 meses tarde las cuentas por el cúmulo de facturas por registrar

El Gobierno dejará de transferir fondos a Bigastro y Benejúzar porque a 30 de agosto no habían rendido la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado

01.09.2011 | 11:36

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado este mes de agosto, fuera de plazo, ante la Dirección General de Coordinación Financiera, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la liquidación del presupuesto de 2010, un documento que, según la Ley de Economía Sostenible, tenía que haber llegado a Madrid como muy tarde a finales de marzo porque de él depende el que se bloqueen o no la transferencias de fondos al Ayuntamiento. Dicho de otra manera, los más de 20 millones de euros con los que el Gobierno contribuye a las arcas municipales oriolanas cada año y que recauda a través de diversos impuestos (IRPF, IVA, alcohol, hidrocarburos, tabaco,...).
El concejal de Hacienda, Juan Ignacio López-Bas, quien asumió el cargo hace mes y medio, admitió ayer que el Ayuntamiento de Orihuela no cumplía, por norma, con este plazo, aunque la entrada en vigor de la citada Ley de Economía Sostenible exige desde 2009 que así sea. El edil aseguró que, en su opinión, era materialmente imposible cumplir con el plazo en Orihuela por la gran cantidad de facturas que se siguen encontrado, muchas por pagar, y el desbarajuste que había en el Ayuntamiento. De hecho, una de las principales críticas del nuevo equipo de gobierno ha sido, precisamente, cómo gestionaba el Partido Popular el Consistorio a base de facturas y firma, la gran mayoría sin partida presupuestaria previamente consignada, lo que dio lugar a un procedimiento judicial aún abierto.
"Nuestra intención es pagar a los proveedores y en esas estamos", explicó López-Bas, quien dijo desconocer si el hecho de que se haya entregado fuera de plazo la liquidación tendrá repercusiones económicas. Y, en teoría, así debería ser porque el Ministerio de Economía y Hacienda envió en primavera y no sólo a Orihuela, sino a los más de 5.100 ayuntamientos que no habían presentado la liquidación de cuentas una carta en la que le informó que de no llegar los datos en un plazo de cuatro meses; es decir, a 31 de julio, retendrían la transferencia de fondos, dejando "peladas" las arcas municipales que en buena medida se abastecen de este impuesto (supone entre un 20 y un 25% de los ingresos que presupuesta cualquier municipio). Según comprobó ayer éste periódico, pese a presentarse en agosto, la liquidación ha sido incluida. En cambio, el listado omite los datos de dos municipios de la comarca: Benejúzar y Bigastro, lo que da a entender que serán "castigados" y a partir de octubre no recibirán la transferencia de fondos que les corresponde. En la misma situación en la provincia de Alicante, siempre según el informe oficial, se encontrarían Agres, Alfás del Pi, Muro de Alcoy, Crevillent, Relleu, Sella, Vall d'Ebó, LLíber, Orxa y Vall de Gallinera. El Ministerio de Economía tiene previsto "castigar" a estos ayuntamientos sencillamente congelando el pago hasta que presenten las cifras porque poco más puede hacer ante la actual situación económica para exigir a los municipios que rindan cuentas en el plazo que él marca y no en el que ellos deciden.
La situación económica de Orihuela no es sólo "dramática", en palabras del actual equipo de gobierno, sino que se va a complicar porque el Ayuntamiento tiene que devolver 5,5 millones de euros que ha cobrado de más de esas transferencias del Estado, según confirmó López-Bas, quien aseguró que no hay dinero en las arcas para ello. "La única solución será devolverlo en las futuras anualidades o con cargo a algún desfase favorable a los intereses del Ayuntamiento que se pueda producir de esos fondos al liquidar la anualidad".
Los ayuntamientos reciben una transferencia periódica del Estado a lo largo del año de acuerdo a una proyección sobre lo que espera recaudar por ingresos fiscales. La difícil coyuntura económica ha tenido como principal consecuencia el que las cifras ahora no cuadren, concretamente, un 16% por ciento y que lo cobrado de más ahora se solicite su reintegro.

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