Guirao cree que la cifra de afectados en la provincia por estas expropiaciones podría ascender a 3.000, si se cuentan los perjuicios ocasionados por las servidumbres legales de las zonas de protección y de afección de dichas infraestructuras, que suponen una franja de entre 70 y 100 metros más a cada lado de ellas y que «perjudican gravemente los derechos de propiedad limitando la edificabilidad y constituyendo nuevas servidumbres, sin que por ello hayan recibido los perjudicados ninguna indemnización a cambio, ni tampoco ninguna información al respecto».