Una pareja de extranjeros de avanzada edad, que encontraban en San Fulgencio ese cálido sol de invierno que hace el sur de la provincia un lugar apetecible, acaba de convertir su sueño en una pesadilla tras conocer que la mujer que limpiaba su vivienda se había inventado un lucrativo negocio utilizándolo como tapadera para que decenas de inmigrantes sin papeles pudieran empadronarse en España, obtener los beneficios legales y, principalmente, solicitar a continuación el reagrupamiento familiar.

La investigación de la Guardia Civil ha permitido la detención de tres personas, dos de ellas españolas de 63 y 40 años, y de un joven marroquí de 26 que era el encargado de contactar con aquellos inmigrantes dispuestos a obtener papeles bajo pago. Fue la Policía Local de San Fulgencio la que puso sobre aviso a la Benemérita el pasado mes de julio tras detectar la irregularidad durante inspección rutinaria en la cual se identifica a los nuevos ciudadanos que se han empadronado en el municipio y si realmente residen allí.

Los agentes tenían que comprobar si el contrato de alquiler que se había presentado en el padrón del Ayuntamiento de San Fulgencio correspondía con los nombres de los inquilinos. Al llegar la patrulla a la casa se encontró con los propietarios, que pusieron cara de no saber qué pasaba ni de qué les hablaban. Entonces se descubrió todo el "pastel". La Guardia Civil asegura en un comunicado que el contrato de alquiler de la vivienda de lujo, a beneficio de un ciudadano marroquí, llevaba realmente la firma del propietario y sus datos. Éste entonces les explicó que "la empleada de hogar, valiéndose de la amistad y confianza que habían depositado en ella, le hizo firmar el contrato, a falta del nombre de los inquilinos, por si se presentaba la oportunidad de alquilar la vivienda durante periodos en que ellos no la ocuparan".

Marruecos

La Benemérita descubrió entonces que la hija de la mujer de la limpieza y el otro detenido se dedicaban a captar inmigrantes, "en situación irregular" y procedentes de Marruecos que necesitaban algún documento para legalizar su situación en España. A estos se les ofrecía el empadronamiento necesario para que, así, pudieran además optar por la reagrupación familiar. El negocio era redondo y por cada copia de contrato que se entrega cobraban entre mil y 5.000 euros, "en función del número de familiares que pretendían residir en España", se añade en un comunicado.

Los investigadores imputan a los detenidos, que residían en San Fulgencio y en Guardamar del Segura, los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores extranjeros en España, "por favorecer la inmigración ilegal con su conducta", se especifica por la Comandancia de Alicante.

La Guardia Civil continúa adelante con este caso porque considera que los detenidos pueden estar relacionados con una organización más amplia que se dedica a preparar trámites irregulares a lo largo y ancho del arco mediterráneo.