El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela no rescindirá la contrata de recogida de basura y limpieza viaria tal y como exigió cuando los tres partidos que lo forman eran oposición al Partido Popular (PP). El actual gobierno local, atendiendo a las indicaciones de su equipo jurídico, esperará al desenlace judicial de la denominada operación Brugal para adoptar una decisión al respecto. Actuar de otra forma no es aconsejable desde el punto de vista legal, se mantiene ahora desde el gobierno local. Tanto Antonia Moreno (PSOE), como Pedro Mancebo (CLr), además del alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) solicitaron al PP que rescindiera la contrata al conocerse las investigaciones de la Policía Nacional que indican que dos de las tres empresas que forman la actual concesionaria serían sociedades interpuestas por el empresario Ángel Fenoll para hacerse con el concurso sin figurar formalmente en él. A esta irregularidad se sumaría el hecho de que el propio Fenoll, sin testaferros, se presentó al concurso con su oferta de Colsur, por lo que tuvo, supuestamente, dos opciones para hacerse con el servicio multimillonario. Una situación que se da además mientras uno de los tres grupos municipales que sostienen el gobierno local (CLr) está personado en el procedimiento judicial aludido y ejerce como acusación en los interrogatorios.
En este sentido, el alcalde Monserrate Guillén explica, a preguntas de este diario, que el criterio de estos grupos no ha cambiado. Mantiene que los informes policiales citan indicios de que la contrata se habría adjudicado de forma supuestamente fraudulenta por parte del anterior equipo de gobierno, pero el Ayuntamiento no puede actuar hasta que se refleje en una sentencia judicial. Tampoco puede emprender la vía del contencioso administrativo hasta que no se agote la penal.
Mientras tanto el equipo de gobierno lidia a diario con las carencias del servicio. Guillén asegura que la UTE (Gobancast, Liasur y Sufi) no está cumpliendo con una parte de lo que establece el pliego de condiciones, algo que están comprobando los técnicos de forma contrastada. Sólo como ejemplo no se están operativos los ecoparques que situaron a esta oferta por delante de otras en la baremación. Además de exigir que se adopten las medidas para que la limpieza viaria y la recogida de basuras cumpla lo que recoge el pliego a la concesionaria no le va a salir gratis dejar de hacerlo porque el Ayuntamiento se lo descontará de su canon mensual de 800.000 euros, que suma un total de 9.6 millones de euros anuales de las arcas municipales.
Pedrera
Por otra parte, escasas jornadas después de que el PP perdiera la mayoría absoluta el empresario Antonio Pedrera comunicó su intención de retirarle a la concesionaria de las basuras el suelo que había cedido de forma altruista para acoger la planta de transferencia de residuos en la costa oriolana. Ese suelo sirvió para reubicar esas instalaciones en un solar que no resultara molesto para los vecinos de las urbanizaciones. La contrata ha negociado con el empresario, aunque se desconocen los términos del acuerdo, para que finalmente mantenga esa cesión.
1,6 millones de euros en dos meses
Lejos de no admitir la legalidad de la actual contrata de la basura el nuevo equipo de gobierno ha hecho durante estos dos meses algo que no hizo el anterior: pagar. En su afán de cumplir con los proveedores municipales y la concesiones, el Ayuntamiento ha abonado las dos mensualidades de 800.000 euros a la concesionaria de las basuras. Gestión municipal que contrasta con la realizada por el equipo de gobierno municipal del PP, que cuando dejó el gobierno local llevaba más de un año sin abonar el canon. Esa situación provocó tensiones entre Sufi (filial de la Sacyr) y las dos empresas que la propia mercantil ha relacionado en declaraciones judiciales con el empresario Ángel Fenoll y que ahora se han apaciguado, aunque las luchas entre estas sociedades por hacerse por el control total de la contrata son constantes.
