El magistrado Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ha acordado continuar el procedimiento penal por los delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la ordenación del territorio abierto al exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya; al secretario, Antonio Saseta; y a la técnico María Jesús Ferrer. La decisión es fundamental para el proceso porque el magistrado entiende que hay indicios de delito y con el auto judicial dar por concluida prácticamente la fase indagatoria. La resolución, notificada esta semana a las partes y que es recurrible, supone el paso del procedimiento de diligencias previas a abreviado y, consecuentemente con ello, la más que posible apertura de juicio al considerar el magistrado que existen indicios suficientes de un ilícito penal.

Este asunto, uno de los más importantes de la causa abierta contra Moya y que le costó el cargo el octubre de 2008, investiga la instalación de un depósito de gas en el sector D6, lo que fue aprobado por el pleno el 11 de abril de 2005. En el auto el magistrado explica que la normativa del PGOU de Bigastro calificaba dicho terreno de zona verde. "No obstante, el Ayuntamiento de Bigastro, a través del alcalde y bajo su cualidad de promotor, acordó proponer a la mercantil Repsol la instalación del depósito de gas, suscribiéndose en fecha de 30 de abril de 2006 un convenio en el que el Ayuntamiento respondía de la plena adecuación de la calificación y clasificación urbanística de la parcela, eximiendo a Repsol Gas de cualquier incidencia derivada".

Dos años más tarde, siempre según el relato del auto judicial, la técnico emitió un certificado de compatibilidad urbanística sobre la parcela, "cuyo tenor literal contradice las conclusiones vertidas en dicho certificado, que fue testimoniado el 12 de mayo de 2008 por el secretario, con el visto bueno del alcalde".

El magistrado razona por último que la instalación de los depósitos de gas culminó a finales del año 2007, "sin que hasta la fecha conste resolución administrativa que aprobara el plan parcial modificativo del Sector D-6". A juicio de San Martín, los hechos descritos pudieran ser constitutivos de hasta tres delitos, algo que las partes ahora pueden recurrir o bien, como será el caso más que probable por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el solicitar la apertura de juicio contra los tres imputados. El auto resuelve archivar la causa sobre una cuarta persona, Francisco Guzmán Gámez, quien trabajaba en nombre y representación de la mercantil encargada de la instalación. "Su actuación -dice el magistrado- no se enmarca en ilícito penal alguno, al no ser sujeto activo de la infracción".