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El caso de la pediatra del Hospital de Torrevieja que está imputada por el fallecimiento de un bebé por supuesta negligencia médicas y que no tiene homologados ni el título de Medicina, ni el MIR, ni la especialidad -según el abogado de la familia- ha levantado todo tipo de reacciones. Los Verdes de Torrevieja ha enviado al Ministerio de Sanidad una solicitud registrada también en el Ayuntamiento para que "lleve a efecto una investigación para aclarar la idoneidad profesional del personal médico que trabaja en el Hospital de Torrevieja, comprobando la titulación académica de todo el personal que presta o ha prestado sus servicios en dicho centro hospitalario y la homologación de dichas titulaciones".
El partido reclama la intervención del Gobierno porque "en el poco tiempo que viene funcionando el Hospital de Torrevieja, se ha venido produciendo un alto número de fallecimientos en los que para los familiares afectados no había suficiente explicación médica que pudiera justificarlos, lo que ha provocado la presentación de numerosas denuncias y reclamaciones".
De hecho, los padres de la pequeña Lucía Moller Loro se han unido a dos familias más de bebés fallecidos por supuestas negligencias médicas en situaciones con algunas similitudes para solicitar investigaciones a Conselleria, el Defensor del Pueblo o el Ministerio del Interior (recogieron 6.000 firmas de apoyo). Los padres sospechan, entre otras cuestiones, que los médicos que atendieron a sus hijos carecían de formación.
Beneficios
Por otro lado, Unión Progreso y Democracia (UPyD) reiteró ayer que "la gestión privada de lo público se vendió como una solución más eficaz y eficiente, con más servicios para los ciudadanos, y parece que sólo beneficia a empresas concretas". En este sentido, calificaron de "inadecuada" la gestión de las áreas de salud 21 (Orihuela, des gestión pública) y 22 (Torrevieja, de gestión privada).
El coordinador de UPyD en la Vega Baja, Joaquín Andréu, manifestó que la gestora privada del Hospital de Torrevieja ("Ribera Salud" y "Asisa") "no ha cumplido sus obligaciones en infraestructuras de acceso, ha contratado a personas sin concurso de méritos, no exige conocer el idioma español, deriva muchos casos a hospitales privados (como el de Benidorm), las administraciones apoyan el turismo sanitario de pago hacia estas infraestructuras ya saturadas, deja especialidades al hospital de Elche (área 23)...".
Con el caso de la pediatra imputada, la gestión del área de salud "merece, como mínimo, una auditoría in situ de la comisión externa a la administración con representación de los sindicatos". UPyD se pregunta "qué estamos pagando a precio de oro" y plantea que la Generalitat "está estropeando, gestionando nefastamente, nuestra sanidad con enchufismos o ilegalidades consentidas". El partido planteó retirar el concierto a las empresas y aseguró que se ahorraría un 40% de gasto sanitario.
