Los ex trabajadores de la empresa Transportes Hernández se concentraron ayer a la puerta de la sede, que se encuentra junto a la autovía, para exigir el pago de una deuda que mantiene la sociedad en base a salarios, finiquitos y kilometrajes. Los 70 despidos se hicieron efectivos el lunes cuando la empresa cambió de manos, de su anterior propietario al nuevo, el cual supuestamete quiere hacer caja vendiendo los activos de la misma, según los exempleados. Al comprar la mercantil también asumió la deuda que mantiene con la plantilla, que fue despedida en el momento de la venta y que ahora pide el cobro de cantidades que podrían llegar hasta los 400.000 euros. Unos 60 camioneros, la mayoría de Almoradí, reclaman salarios y el kilometraje, pago que no se hace efectivo desde enero, además de los diferentes finiquitos de personas que llevan hasta 30 años dedicados a la misma empresa. A este personal se suma el de oficina al que también se le adeudan entre tres y cuatro meses más los diferentes finiquitos. Además hay despedidos que recibieron pagarés y que ahora no pueden hacerlos efectivos ya que los bancos se los devuelven por falta de fondos.
Tensión
El actual propietario, Antonio Miguel Martínez, un empresario almeriense, se comprometió el pasado lunes a hacer efectivo el pago de una parte importante de la deuda, unos 160.000 euros, ayer viernes a las cinco de la tarde en la nave. Si bien los trabajadores asistieron a la cita acompañados de sus respectivos abogados, el empresario no acudió.
En el momento en el que los trabajadores llegaron a la nave se la encontraban cerrada. Dentro estaban tres operarios que decían haber sido contratados para efectuar labores de mantenimiento y que fueron increpados por algunos de los presentes. Se personaron en la zona varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local que velaron por la seguridad de los que se encontraban dentro y, tras varias horas retenidos, escoltaron su salida tras negociar que los trabajadores se mantendrían en la puerta y les dejarían que fueran saliendo sin incidentes.
Algunos de los trabajadores contaron ayer que habían tenido que recurrir a Cáritas para poder afrontar la alimentación de su familia y otros se mostraron desesperados. Si bien la próxima semana podrán cobrar subsidio por desempleo, la solución a esta crisis se antoja difícil. A las cantidades adeudadas podrían sumarse algunas nuevas si las denuncias presentadas por despido improcedente tomaran forma, ya que los despidos se han llevado a cabo bajo la premisa de "despido objetivo", aunque los letrados de los trabajadores entienden que son "improcedentes".
