Un centenar de propietarios de la urbanización Montepinar volvieron ayer a la calle para rechazar el coste del Proyecto de Reforma Interior (PRI) que está previsto ejecutarse en este núcleo residencial. Como ya hicieron la pasada semana, los afectados acusaron al equipo de gobierno de fijar un precio injusto por las obras, que deberá ser asumido por los propietarios.
