La Comisión de Peticiones del Parlamento de la Unión Europea ha instado al Gobierno de España a que realice un seguimiento minucioso del desarrollo del plan urbanístico en Cala La Mosca, el único enclave libre de edificaciones que queda en los 15 kilómetros de costa con que cuenta Orihuela. En concreto, Erminia Mazzoni, presidenta de esta institución, explica en una reciente resolución que va a intentar aclarar con las autoridades españolas si el proyecto cumple "con los requisitos establecidos por la legislación de la UE en materia de medio ambiente; en particular, la Comisión pedirá que expliquen cómo han aplicado las disposiciones sobre evaluación de impacto ambiental, directiva ambiental estratégica y la relativa a la protección a la naturaleza", entre otras, y que establecen la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental.
El proyecto fue aprobado por el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento oriolano a finales del anterior mandato municipal, presidido por José Manuel Medina, en 2007, y fue validado por el actual bajo el gobierno de Mónica Lorente, pese a haber prometido que no iba a respaldar grandes desarrollos urbanísticos. El argumento para sacarlo adelante era que estaba planteado en el Plan General de 1990 y que los propietarios del terreno y promotores, del grupo madrileño Gomendio tenían derechos adquiridos sobre la urbanización de la zona desde entonces. La promotora pretende levantar unas 1.700 casas en 263.000 metros cuadrados sobre una zona que en total ocupa casi medio millón de metros cuadrados, incluyendo la más cercana al litoral. También aparecía la posibilidad de construcción de un puerto deportivo que, sin embargo, no está oficialmente en la documentación del proyecto.
Reclamación
La Unión Europea ha recogido la reclamación presentada por el representante del Partido Claro, Bob Houliston, quien en su día recogió siete mil firmas en contra del plan y convocó varias manifestaciones tanto en Orihuela Costa como en el Ayuntamiento contra dicha urbanización y se reunió con la comisión de europarlamentarios que visitó distintos puntos de la costa alicantina para analizar urbanizaciones cuestionadas por colectivos y asociaciones por supuestos abusos urbanísticos; entre ellos, la actuación prevista en esta zona privilegiada del litoral oriolano, no sólo desde el punto de vista paisajístico -cuenta con pequeñas calas muy poco conocidas y sin rastro de hormigón-, también desde el ambiental.
En este sentido, se trata de una zona tan especial que la Generalitat Valenciana obligó al urbanizador a realizar varios vallados perimetrales como pequeñas reservas en las que todavía sobreviven endemismos de flora y fauna amenazados. Se trata de la "tudorella sulcata", una especie de caracol y la "gelianthemum caput-felis", una planta conocida como Jarilla de Cabeza de Gato. Vallados situados junto al sur del sector, que están totalmente abandonados tras el inicio en 2007 de las obras de urbanización.
Cumplimiento de la ley
El Partido Claro, ahora en coalición con CLr, también ha recibido recientemente una informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente en el que se advierte que el plan no puede en ningún caso afectar a los cien primeros metros de costa de servidumbre de protección, entre la orilla el mar y el interior, tampoco a los 6 metros siguientes de servidumbre de tránsito en los que se va a realizar un paseo y que debe respetar 500 metros más hacia el interior, tal y como exige la ley de Costas, con limitaciones muy claras en la volumetría de las edificaciones.
En ese informe, que ha llegado a manos de los residentes en la costa a través del Defensor del Pueblo se explica que los vigilantes de Costas están periódicamente al tanto de que esas indicaciones no se vulneren y "no le consta que se estén llevando a cabo actuaciones que impliquen construcción de viviendas".
Ayuntamiento
Esta información ha sido remitida al Ayuntamiento oriolano sin que se haya recibido respuesta porque Claro sospecha que el plan aprobado no cumple esas exigencias. Lo cierto es que desde el punto de vista administrativo el comienzo de la construcción de casas sobre el terreno tiene todos los parabienes y una decisión municipal en contra de este proyecto enfrentaría a Ayuntamiento a una indemnización millonaria o, al menos, eso es lo que mantiene el equipo de gobierno popular.
Obra parada a la espera de mejores tiempos
Los viales y servicios de infraestructuras básicos están terminados desde hace más de un año y el perímetro de la urbanización se ha quedado a unos cien metros de la línea del acantilado de la costa. Tramo que comprende unos veinte mil metros cuadrados que deben preservar además porque por ella discurre una vía pecuaria y que es la utilizan los bañistas para acceder con vehículos a la zona desde Torrevieja porque las obras cierran desde 2007 todos los caminos desde la Nacional 332.
Aunque la construcción de casas está totalmente paralizada la promotora está aterrando y nivelando varias de las parcelas con los áridos que se extraen de la construcción del gran centro comercial Las Playas en La Zenia, situado varios kilómetros más al sur.
El Ayuntamiento aprobó el proyecto de reparcelación sin atender a las peticiones para suavizar sus previsiones. Si la obra de las viviendas no ha comenzado es por la situación del mercado inmobiliario aunque en este caso a la promotora no le falta demanda de las pocas viviendas que todavía se pueden escoger en primera línea de costa. Sobre el terreno se podrían levantar 2.600 casas de 100 metros cuadrados pero se prevén 1.700 un público de mayor poder adquisitivo. D. P.
