Sepes, la entidad estatal de suelo adscrita al Ministerio de Fomento, ha destacado que el juzgado de lo contencioso número 3 de Alicante le ha dado la razón al ratificar la nulidad del PAI de Walaig, en Monforte del Cid (Alicante), promovido por el consistorio y que, según ha indicado en un comunicado la entidad estatal, "no se ajusta a derecho".

En 2001, Sepes y el Ayuntamiento de Monforte decidieron desarrollar , la actuación en terrenos que son casi en su totalidad propiedad de la entidad estatal, en un proceso que terminó en 2005 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo.

Sin embargo, según la misma fuente, en 2006, el Ayuntamiento "denunció unilateralmente los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho".

Según Sepes, "el principal obstáculo para desarrollar esta actuación es que la empresa Intersa Levante, a la que el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Antonia Cervera, adjudicó indebidamente la ejecución del PAI, ha hipotecado los terrenos de Sepes para garantizar un préstamo de 18 millones de euros, cuando la inversión prevista en el polígono no alcanza ni la mitad de esta cantidad".

Por eso, según ha añadido, Sepes "ha venido solicitando reiteradamente al equipo de gobierno municipal una solución para este gravísimo problema sin que la alcaldesa haya propuesto ninguna".

En esta ocasión, la resolución judicial declara "la vigencia del convenio urbanístico suscrito por Sepes y el Ayuntamiento de Monforte del Cid, con fecha 4 de enero de 1990, y de sus addendas de fechas 4 de marzo de 1991 y 16 de noviembre de 2004, para el desarrollo de una actuación industrial en dicho municipio denominada Walaig".

También reitera "la nulidad del PAI" así como "la alternativa técnica, con la consiguiente extinción de sus efectos, retrotrayendo la situación jurídica al momento en que se encontraba antes de la aprobación de dicho instrumento urbanístico" y, por tanto, de la adjudicación a la empresa Intersa Levante.

El secretario general de Sepes, Álvaro Couso, ha subrayado que este auto "confirma la necesidad de alcanzar un acuerdo para desbloquear el problema que suponen las cargas hipotecarias de los terrenos".

Couso ha insistido en "la disposición" de Sepes para encontrar una solución. "Nos gustaría que el Ayuntamiento volviera a la mesa de negociación", señaló, al tiempo que ha asegurado que la entidad está "a espera de propuestas por parte del equipo de Gobierno municipal para desbloquear la situación siempre que den cumplimiento a las sentencias dictadas hasta ahora y que han avalado la postura de Sepes".