El equipo de gobierno solicitó el sobreseimiento de la causa judicial abierta por la inauguración de una plaza en la pedanía de El Escorratel, tres semanas antes de adjudicar las obras, al entender que las irregularidades detectadas en el proceso administrativo no tienen por qué significar la comisión de un delito. La jueza rechazó este recurso al considerar, en cambio, que los hechos no son un mera irregularidad y que los ediles pudieron incurrir en un hecho delictivo.

Ante esta resolución, los concejales imputados -la alcaldesa, Mónica Lorente y siete ediles del equipo de gobierno del PP- han presentado otro recurso que deberá resolver la sección VII de la Audiencia. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la defensa señala que la imputación de Lorente carece de sentido, ya que delegó las competencias de contratación en la junta de gobierno. Los componentes de este órgano son los concejales Manuel Abadía, David Costa, Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Rodríguez Murcia, Araceli Vilella, Ginés Sánchez y Antonio Lidón, todos imputados por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. A Lorente le suma un delito de falsedad documental por firmar el contrato con la empresa dos meses después de inaugurar oficialmente la plaza.

La titular del juzgado de Instrucción 1 de Orihuela les notificó su condición de imputados por haber adjudicado las obras de remodelación de la plaza que hay junto al centro social de El Escorratel a la empresa Ronis 2 el 25 de julio de 2008, después que Lorente y Rodríguez Murcia inaugurasen oficialmente los trabajos el 3 de julio de ese mismo año. En su escrito, la defensa considera que la adjudicación fue el resultado de un proceso respetuoso con la legalidad que rige las contrataciones de las administraciones públicas. Asimismo alegan que la inauguración no implica su participación en una resolución torticera.

Para explicar la "confusión" a la que se debió la ejecución de las obras antes de ser adjudicadas, la representación legal de los imputados repasa la cronología del proceso para acabar en la propuesta de adjudicación, elevada por el concejal de Contratación, David Costa, el 8 de mayo de 2008. La defensa alega que el empresario entendió la propuesta como una adjudicación definitiva.

La jueza señala en su auto que los hechos merecen una calificación penal desde el punto de vista jurídico y cree que la mejor manera de aclarar lo sucedido es que los ocho imputados vayan a declarar bajo esta condición. De la misma manera, afirma que "el proceso de adjudicación se hizo con el único objetivo de enmascarar la irregularidad cometida con anterioridad". También estima indispensable resolver las dudas en torno al coste de las obras, ya que en la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento se hablaba de 48.000 euros y el contrato se firmó por 14.000. Por todo esto, la jueza rechazó el recurso que ahora deberá valorar la Audiencia Provincial.