Seis vecinos de La Murada se declararon ayer en huelga de hambre porque, según dijeron, no tienen agua potable en sus viviendas, adquiridas hace dos años a la promotora SPM sin dispone de cédula de primera ocupación. Del hecho de que escriturasen las viviendas sin estar terminadas radicaron sus problemas. Durante estos dos años, los vecinos de una promoción de 20 viviendas situada en "Los Campirulos", un barrio de la mencionada pedanía oriolana, no han tenido ni agua potable ni luz. Y es que, al parecer, la empres quebró y se dejó las obras sin terminar.
La electricidad y el agua que les llegan a sus viviendas son de obra. El resto de casas están vacías a causa de la falta de suministros. Algunos las han abandonado y han dejado que el banco las embargue. Según denunció José Antonio Riera, uno de los afectados apostados en la puerta del Ayuntamiento, la empresa Aquagest suministra el agua de obra "unos días sí y otros no". Los huelguistas intentaron por varios medios que la mercantil les permita contratar el servicio de suministro, pero Aquagest alega que, hasta que no paguen una deuda de 4.000 euros que el promotor dejó pendiente, no pueden poner nuevos contadores.
Los propietarios de las viviendas intentaron ejecutar el aval bancario que los promotores deben depositar para que el Ayuntamiento pueda echar mano de él si el promotor de unas viviendas no ejecuta los servicios y las obras de disfrute municipal que le exige la ley. Sin embargo, no se pudo utilizar ese dinero para realizar las obras relativas a las redes de suministro eléctrico y de agua potable necesarias para disponer de la cédula de primera ocupación y, por tanto, del alta en estos servicios.
En lo que respecta a la luz, Riera tuvo que contratarla de obra a su nombre y el resto de vecinos le pagan una parte proporcional. "Cada mes pagamos 600 euros de luz (100 euros por vivienda)", comentó. Cuando se quedan si agua, recurren a la piscina o agua embotellada para cubrir sus necesidades. Aunque la responsabilidad de que los vecinos no tengan agua ni luz corrientes es del promotor, los vecinos en huelga de hambre consideran que el Ayuntamiento tiene su parte de culpa. "El pedáneo no quiere hablar con nosotros", añadió Riera, quien criticó que la institución local les cobre 90 euros de contribución al año y no intervenga para poner solución a su problema. "No nos vamos hasta que lo arreglen. No lo dejaremos si nos dicen que sí, sino que estaremos aquí hasta que veamos que está arreglado", dijo Riera.
Urbanismo culpa a la promotora
El concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, explicó que el Ayuntamiento poco puede hacer por cambiar la situación de los vecinos afectados. Al comprar las viviendas sin cédula de primera ocupación, los propietarios deben hacerse responsables de las carencias de las construcciones para cumplir los requisitos necesarios para dar de alta la luz y el agua. Así, el edil confirmó que los afectados pidieron al Ayuntamiento que ejecutase el aval bancario para hacer frente a las obras necesarias y que el Ayuntamiento lo consintió, pero la entidad no lo permitió al no destinarse a la instalación de "obras municipales" (aceras, asfaltado de calles...).
Rodríguez Barberá aseguró que Aquagest le comunicó que los vecinos tienen agua y que ha diseñado un plan de pagos para que puedan saldar la deuda del promotor poco a poco y así normalizar su situación. En este sentido, recordó que, para obtener la cédula de primera ocupación, las empresas suministradoras de los servicios deben enviar un informe al Ayuntamiento en el que aprueben la recepción de las obras, cosa que no ha pasado con la promoción de 20 casas de "Los Campirulos".
