El 99% de las viviendas de primera línea del mar del término municipal de Guardamar del Segura que estaban afectadas por la Ley de Costas y se sitúan a lo largo de casi cinco kilómetros se salvarán después de que la Dirección General de la Sostenibilidad haya admitido buena parte de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento y por particulares para que se realizara una excepción a esta norma a fin de que quedaran excluidas.
La Ley de Costas crea una línea de protección entre el medio natural y el urbano de forma que lo que queda dentro de la misma, sea público o privado, se ve afectado y sus propietarios van perdiendo derechos de todo tipo -al punto de no poder realizar obras sin autorización- para, finalmente y, al cabo de muchos años, que éstos pasen a manos del Estado por un precio que se puede considerar irrisorio. De hecho, cualquier propietario sabe que desde que en el Registro de la Propiedad se inscribe esta carga el precio cae en picado porque el nuevo dueño debe asumirlas.
La cuestión que ayer se explicó y que ha obligado a la modificación del deslinde es tan compleja que tuvo que ser el propio director general, Pedro Antonio Ríos, el que acudiera al Ayuntamiento a explicarlo. De otro modo no se puede entender cómo el Gobierno se ha gastado más de 5 millones de euros en los últimos años en la preservación de un enclave natural de tanto valor y, en cambio, realiza una excepción en él para que el deslinde no afecte a las viviendas, por centenares, que se incluían dentro del deslinde.
La línea afectada por la Ley de Costas, que se publicará en breve en el proyecto y al que aún se puede alegar -hay varios promotores con expectativas de construir que sí están afectados-, se ha modificado 20 metros y ahora deja de caer sobre los edificios para situarse en medio de las calles que separan la ciudad de las dunas.
Para que la Dirección General de Costas haya hecho una excepción a la propia norma ha sido necesario un informe geomorfológico que ha venido a decir que esas últimas dunas que se sitúan junto al casco urbano no son realmente dunas porque, con el paso del tiempo, se han convertido en un terreno yermo e inmóvil, sin vida y, consecuentemente, no son protegibles, por lo que pasan a formar parte ahora de ese "colchón", de esos 20 metros, que separa el casco urbano de las dunas.
Pedro Antonio Ríos, en su visita de ayer a Guardamar del Segura, afirmó que el Gobierno tiene previsto antes de que acabe esta legislatura iniciar los procedimientos para la desafección del 6% del territorio de costas en el que aún no se aplica esta legislación. Buena parte del mismo se sitúa en dos provincias españolas: Girona y Alicante, que se han quedado para el final, según admitió, por la complejidad de los procesos que la Dirección General tiene ante sí y por tratarse, en muchos casos, de viviendas situadas en enormes urbanizaciones al borde del mar, lo que va a generar importantes conflictos administrativos y jurídicos que terminarán, sin duda alguna, en los tribunales con centenares de recursos por parte de los afectados.
Recursos para problemas reales
Pedro Antonio Ríos quiso explicar ayer cómo es posible que, pese a la crisis, en Guardamar del Segura se han invertido en los últimos años más de cinco millones en regeneración dunar. "El Gobierno dedica sus recursos a problemas reales y a aplicar medidas contundentes" y negó el que se vayan a desatender cuestiones medioambientales. La alcaldesa de Guardamar, Marylène Albentosa, aprovechó para, una vez más, criticar a la Generalitat Valenciana que, a diferencia del Gobierno, no ha puesto un euro en la preservación del medio natural en Guardamar, y tampoco para proteger la pinada que es una competencia exclusivamente suya.
