"Ordeno a los agentes (de policía local) que adopten las medidas necesarias para adquirir la instrucción suficiente para redactar los escritos concernientes a su trabajo sin faltas de ortografía". Esta exigencia por decreto la realiza el alcalde de Benferri, el veterano Luis Vicente Mateo (PSOE), y ha dejado a cuadros a la docena de empleados municipales de este pequeño municipio y a la oposición del Partido Popular (PP). Es más, en la misma resolución, que afecta a dos de los tres agentes que tiene la Policía Local, el primer edil, que trabaja de maestro en el colegio del municipio, pone deberes a sus funcionarios en un tono que se aleja de la asepsia burocrática utilizada habitualmente para estos casos: "Ordeno al agente C. que redacte nuevamente los informes reseñados, incluyendo los datos que le faltan, dándole una forma adecuada (y si) no se encuentra capacitado para ello, que le pase el borrador el señor secretario y que sea éste quien la ultime y sin faltas de ortografía". Además en otro decreto, que también se refiere al trabajo de los policías, Luis Vicente Mateo les reclama que todos los boletines de infracción que impongan pasen directamente por sus manos antes de enviarse al órgano de recaudación de la Diputación Provincial de Suma.
La iniciativa del alcalde que hace referencia a las dotes de redacción de sus funcionarios, está avalada por un informe previo de diez páginas del secretario municipal. El trabajo de éste, "por orden verbal del alcalde", se ha hecho llegar por su parte al resto de la plantilla municipal. Antes de los citados decretos de Alcaldía, firmados a principios de este mes, ocho funcionarios, la mitad de la plantilla, solicitaron que el Ayuntamiento se adhiriese a un acuerdo de los sindicatos con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre retribuciones a funcionarios. El secretario, Joaquín Botella, quien es jefe de Personal, respondió con el informe en el que insta al alcalde a rechazar esa propuesta, advierte que la asignación individual de productividad está generando agravios comparativos y reclama que los policías realicen tareas administrativas de las que, asegura, ahora están exentos, además de cebarse en sus problemas ortográficos. El informe se produce después de que por primera vez en el municipio se hayan elegido enlaces sindicales ajenos al entorno de la Alcaldía y en él aparecen distintas consideraciones sobre las altas retribuciones de alguno de los funcionarios peticionarios para, a renglón seguido, hablar de las tareas que realizan o no los policías y sin ahorrarse adjetivos. "La disposición de los agentes B.M. y C.R. puede resumirse en el modo que dejaron de realizar los turnos de noche cuando el funcionario que suscribe, encargado de organizar sus turnos, estaba de vacaciones". En el caso de uno de los agentes -"el señor B"- dice que existe un agravio porque cobra más que el resto sin realizar tareas administrativas y apostilla que se le puede dar más trabajo, "lo que no sería obstáculo si tuviera capacidad y voluntad necesarias para adquirir la formación que precisa, que no es mucha".
Resoluciones opuestas
El secretario realiza las mismas consideraciones sobre la "incapacidad demostrada en reiteradas ocasiones" por parte de un auxiliar administrativo que cobra como un administrativo. Sin embargo, el alcalde al final tan sólo recoge sus recomendaciones sobre la escasa diligencia de los funcionarios a la hora de manejarse con la ortografía española, sin entrar a valorar los criterios de remuneración y las alusiones a los agravios que realiza el secretario, que además es el único que asegura no estar cobrando asignaciones que no le corresponden.
Sobre el decreto de las multas el Partido Popular asegura que el alcalde ha explicado esta decisión en el hecho de que han aparecido multas por la misma infracción de tráfico con importes distintos, aunque al partido de la oposición le parece "extraño" que el primer edil quiera supervisar personalmente las sanciones que se imponen en el municipio. El decreto busca que las diferencias de criterio "que puedan dar lugar a resoluciones opuestas" sean eliminadas.
"No entendemos por qué se llevan las cosas al terreno personal"
Desde la oposición del Partido Popular (PP) no se entiende "por qué se quiere llevar este asunto al terreno personal. Da la impresión que quieren hacer la vida imposible a tres trabajadores municipales", según explicaba ayer su portavoz, José Luis García. El concejal aseguró que esta formación no quiere entrar "a valorar si el trabajo está mejor o peor hecho; pero en el caso que no se adecúe a lo que el alcalde espera de ellos, lo lógico sería realizar una formación o una readaptación de perfiles, pero en ningún caso haber hecho públicas ciertas conductas perfectamente corregibles".
En cualquier caso, aclaran las mismas fuentes "si es verdad lo que se está diciendo , que no saben realizar redacciones, no deberían echar la culpa únicamente a los policías, ya que los procesos de selección se han hecho en el Ayuntamiento; y al menos en el último se encontraban el alcalde y el secretario".
En estos momentos el grupo socialista tiene seis concejales y el PP, tres. El mandato de Luis Vicente Mateo, que es primer edil socialista desde 1999 y antes fue teniente alcalde durante 12 años, destaca por la creación de la urbanización Benfis Park, ocupada por británicos y alemanes y que iguala en tamaño al casco urbano, y su entusiasta defensa de la política hídrica del PP, en un municipio regado por el trasvase del Tajo. La población que dirige es una de las más pequeñas y tranquilas de la Vega, con 1.800 vecinos. La gestión de Mateo también ha tenido algún margen para la polémica. En su particular visión doméstica de la gestión municipal, el alcalde, que recibe su sueldo como maestro, estaba pasando los gastos de reparación de su vehículo municipal a las arcas municipales. Así lo hizo tras un golpe que se dio con su coche.
También, como desveló el PP, pasó el gasto de la revisión de la ITV. Cuando se dio a conocer lo sucedido en el año 2009 el primer edil devolvió el gasto, advirtiendo que ya no usaría su vehículo para los numerosos traslados que realizaba con él para asuntos municipales. Aunque el alcalde aseguró que había devuelto el importe, luego el PP averiguó que tan solo había reintegrado la revisión de la ITV, no la factura por la reparación que superaba los 400 euros.
