Ángel Fenoll, empresario imputado en el llamado caso Brugal que investiga irregularidades en la contrata de la basura de Orihuela y en el Plan Zonal, fue ayer el protagonista en el pleno de Almoradí, en el que se debatía la adjudicación del contrato de las basuras, por 20 años, a otra empresa -La Generala- y, consecuentemente con ello, la rescisión con la suya: Colsur. Era el punto sexto de la convocatoria y ya había transcurrido algo más de una hora de la sesión cuando el empresario tomó la palabra a viva voz, quitándosela al alcalde y entrando en una disputa dialéctica que acabó sin que se votara este asunto por acuerdo de todos los grupos.
El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, había arrancado este debate explicando la correcta gestión del servicio realizado por la empresa de Fenoll durante los últimos años y destacando la transparencia de los concursos públicos. De hecho, llegó a destacar el poco margen que había separado a las dos candidatas -La Generala y Colsur- para hacerse con el contrato, que supone unos 900.000 euros anuales. Entonces, por sorpresa, Ángel Fenoll se levantó de su asiento, en una de las primeras filas del salón y sin dar lugar a nada más interrumpió al alcalde y comenzó a solicitarle que pagara la deuda que arrastra con Colsur y que, según dijo, ascendía a unos 2 millones de euros. Además, aseguró que rechazaba la nueva contrata de las basuras y recalcó que rescindir la contrata con él, "no significa dejar de pagar las deudas". Igualmente, criticó a diferentes consistorios populares de la Vega Baja, a los que acusó de estar llevando su empresa a la ruina. Capítulo especial le mereció Antonio Gómez, edil de Ciclo Hídrico y Aseo Urbano, al que llegó a amenazar, palmeándose con una mano la cara, diciendo que "ya aclararía todo lo que tenía que decir de él".
Pago del cuartel
El grupo socialista, que había solicitado un retraso en el inicio del pleno para aclarar posturas, pidió la palabra e hizo alusión a la noticia publicada por este periódico según la cual la empresa a la que se le iba a adjudicar el concurso, La Generala, había retirado meses antes una reclamación en los juzgados contra el Ayuntamiento de casi 700.000 euros por las obras del Cuartel de la Guardia Civil. Además, tanto el PSOE como IU negaron haber obtenido información alguna sobre el concurso, como sí lo aseguró al diario Antonio Gómez. Además, los socialistas dijeron desconocer lo que había pasado con esta reclamación de La Generala.
El edil Antonio Gómez, entonces, explicó que la deuda del Cuartel, "estaba condonada" por lo cual La Generala había retirado su recurso. Y el alcalde restó importancia a este asunto, asegurando que otras empresas que habían reclamado deudas al Ayuntamiento posteriormente se habían adjudicado nuevas obras. Al final, los tres grupos acordaron no votar el contrato y darse un tiempo. Izquierda Unida, que solicitó que la contrata de basuras se votara en pleno y no en junta de gobierno, solicitó la declaración del concurso como desierto y la posterior adjudicación del servicio a la empresa municipal Pimalsa, e hizo referencia a municipios como Guardamar que gestionan sus residuos. En caso de adjudicar a una empresa, el edil Mateo señaló que sería preferible adjudicarla a Colsur, ya que es la empresa con la que se ha trabajado 25 años.
