La Conselleria de Infraestructuras ha denegado la autorización para el tendido de las conducciones de toma de agua y vertido de salmuera que deben dar servicio a la desalinizadora de Torrevieja, la mayor de España y una de las más grandes del mundo. Se trata de los colectores que deben discurrir paralelos a la parte exterior del contradique de Poniente o Muelle de la Sal de la ciudad. Este departamento de la Generalitat es el que tiene las competencias de gestión sobre el puerto de Torrevieja.

En esta ocasión no han sido los habituales problemas medioambientales los obstáculos administrativos alegados para frenar el proyecto. Ahora aparecen en el escenario cuestiones de índole económica. En la última reunión celebrada entre Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), empresa estatal encargada de realizar las obras, y los técnicos del departamento de Infraestructuras, los funcionarios autonómicos pusieron sobre la mesa una petición del Gobierno Valenciano que pretende aplicar un canon por los derechos de explotación del servicio púbico portuario. En principio Acuamed, según fuentes cercanas al procedimiento, se niega ha hacer efectivo este pago, que por otra parte, sí abona, por ejemplo, la empresa salinera por la utilización en exclusiva del muelle de carga de la sal.

El proyecto global de la desalinizadora supone un desembolso de casi 300 millones de euros, 226 en la construcción y el resto en la explotación y mantenimiento. Las obras fueron adjudicadas en 2007 a una unión temporal de empresas liderada por Acciona. El acto de colocación de la primera piedra se realizó en febrero de ese año y el plazo de ejecución estaba fijado en 22 meses. El grueso de la obra, que permitirá producir 80 hectómetros cúbicos de agua al año para regar 8.000 hectáreas y suministrar agua potable a 440.000 habitantes, está culminado, mientras se han desbloqueado los proyectos para abastecer de energía a la planta, que se iniciarán ahora. En junio se completó la parte terrestre de los colectores de salmuera y captación de agua que se estuvieron enterrando en el barrio de San Roque entre finales de 2009 y mediados de 2010. También están concluidas las conducciones necesarias para transportar el agua destinada a los puntos de entrega en el Canal del Campo de Cartagena, embalse de La Pedrera y el depósito de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Desde entonces la obra de los colectores apenas ha avanzado para sobrepasar la avenida de Desiderio Rodríguez a la altura del antiguo puente de la Sal y alcanzar la playa de Los Náufragos.

Guerra del agua

La previsión inicial es que la desalinizadora estuviera en servicio a finales de 2008. No es la primera vez que la Generalitat deniega los permisos para la instalación.

Un día después de iniciarse la obra, en plena batalla mediática sobre el agua entre el PSOE -con su programa Agua de desalación-, y el PP, -en defensa del derogado trasvase del Ebro-, el Consell cerró el acceso a la parcela por la CV-95 y abrió un expediente sancionador por motivos ambientales, como el hecho de que los terrenos estén en el perímetro de protección del Parque Natural de las lagunas. Acuamed decidió parar la actuación a la espera de que el Tribunal Constitucional decidiera sobre el asunto. El alto tribunal dio la razón a Acuamed al entender que este tipo de obras eran competencia estatal y de interés general, algo que podría argumentar de nuevo para llevar a cabo el paso de los colectores que restan para poner en marcha la instalación.