La crisis y la falta de relevo generacional han hecho mella en el sector de la caza en la provincia y las licencias para practicar la actividad han caído desde las 37.228 que se registraron en 1990 hasta las 15.248 del año pasado, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Medio Ambiente.

Los aficionados se encuentran actualmente en plena temporada, ya que la veda se abrió el 12 de octubre y continuará hasta el próximo 25 de diciembre en la Comunidad. No obstante, Alicante es una provincia "exportadora" de cazadores, según explican desde la Federación Provincial, que agrupa a 10.851 personas y que también ha visto bajar sus socios entre un 7 y un 8% en el último año. Tradicionalmente los aficionados se han marchado sobre todo a Castilla La Mancha, y también a Andalucía, Murcia y Extremadura donde la caza es más abundante y también es mayor la diversidad de especies a abatir. Por eso, en la federación calculan que puede haber unas 35.000 escopetas en la provincia porque no necesariamente tienen que estar federadas ni cazar en territorio alicantino. "Aún así esta cifra también habrá bajado seguro porque la crisis ha afectado muchísimo, esta es una afición cara y ahora no todo el mundo se la puede permitir", indican desde la federación. Precisamente el intercambio de aficionados entre distintas comunidades autónomas es uno de los principales caballos de batalla de las federaciones a nivel nacional, que agrupan a unos 500.000 cazadores y tiradores. Las federaciones intentan que vuelva a haber una licencia única, en lugar de tener que pagar por una en cada comunidad donde se quiera disparar y que ronda los 30 euros. El problema es que para comunidades como la manchega, ésta supone una importante fuente de ingresos.

En Alicante hay censados 158 clubes de caza con sus respectivos cotos y los más importantes en número de asociados son los de Crevillent, Pego y La Vila. Son al menos 39.500 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética en las que pueden encontrarse conejos, perdices, tórtolas o codornices que entran dentro del apartado de caza menor y jabalíes y arruís dentro de la caza mayor. Los cazadores, muy criticados por los grupos ecologistas con quienes han protagonizado más de un "altercado" defienden su ayuda en el mantenimiento de los ecosistemas y la labor beneficiosa que desarrollan para la agricultura evitando que la superpoblación de ciertas especies mermen los cultivos. Este año por ejemplo se localizó una plaga de conejos que afectó a la uva y otras plantaciones de Novelda, Aspe, Monforte, los Hondones y Agost, por lo que la Conselleria tuvo que realizar autorizaciones especiales para que los cazadores pudieran salir al campo y matar un mayor número de ejemplares de lo autorizado normalmente. La actividad cinegética -que en la Comunidad se rige por la Ley de Caza de 2004- está muy controlada y la comunicación entre la Conselleria de Medio Ambiente y las respectivas federaciones de las tres provincias es constante. Además, los cazadores informan sobre las enfermedades que detectan en los animales para que Medio Ambiente actúe.

Tal es el control que el Seprona realiza también inspecciones periódicas para controlar quién, como y qué se caza y detener a los furtivos. En la Comunidad están catalogadas 27 especies protegidas, entre las que se encuentran el azor, el halcón peregrino, el mochuelo o el martín pescador, y las multas por abatir alguna de ellas oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.

Futuro examen del cazador

De hecho y para evitar entre otras cosas que los cazadores noveles confundan el vuelo de una especie protegida con una permitida para la caza, así como asegurar el conocimiento de la Ley y el manejo de las armas, la Conselleria está preparando un examen del cazador. Todavía lo están desarrollando pero seguramente tendrá carácter obligatorio cuando se aplique.

Entre 25 y 30 accidentes leves al año

Para poder practicar la caza es indispensable obtener la licencia, para la que se necesita tener en vigor el permiso de armas y un seguro obligatorio, mientras que la licencia federativa es voluntaria aunque sí es necesaria para pertenecer a cualquier club de caza o tiro. Tiene carácter anual, mientras que la de armas es necesario renovarla cada cinco años. Fuentes de la federación provincial explicaron que con la licencia federativa se obtiene además un seguro de daños propios que en una actividad en la que se manejan armas no viene mal y que además cubre los accidentes in itinere. De hecho, según los datos de este organismo, se producen entre 25 y 30 accidentes de carácter leve al año -donde se incluyen los perdigonazos y las caídas por el campo-. Los graves son menos numerosos pero en la federación recuerdan un caso ocurrido hace relativamente poco en el que un hombre murió en Novelda tras caer al suelo y disparársele la escopeta y también dos pérdidas de ojo de dos cazadores en los últimos tres años.