El equipo de Gobierno no está por la labor de abrir un expediente a la unión temporal de empresas (UTE) que presta el servicio de recogida de basuras en Orihuela para investigar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación de la contrata. Así lo certificaron los once concejales del PP y la alcaldesa, Mónica Lorente, en el pleno extraordinario celebrado ayer a iniciativa del grupo municipal socialista y que fue calificado de "provocación" desde las filas populares.

Fueron doce ediles los que rechazaron las propuesta porque ni Araceli Vilella ni Eva Ortiz asistieron al pleno, como ya hicieron en la sesión del 17 de septiembre. El mermado equipo de Gobierno tampoco aceptó que los concejales que lo forman paguen de su bolsillo las indemnizaciones que el Ayuntamiento tenga que pagar en el futuro si alguna empresa que participó en el concurso reclama en el juzgado el tiempo y el dinero perdido.

El común denominador que quizá explique la ausencia de las dos ediles afines a Francisco Camps es el protagonismo del caso Brugal en ambas sesiones. Según se desprende de los informes de la investigación, el empresario Ángel Fenoll concurrió al concurso con dos ofertas y ganó con una de ellas, ya que el fiscal Anticorrupción sospecha que éste adquirió a través de testaferros las mercantiles Liasur y Gobancast (que junto con Sufi forman la UTE adjudicataria).

Para anular la contrata, al equipo de Gobierno de Orihuela no le bastaron los miles de folios en los que la Policía Nacional ha transcrito conversaciones telefónicas y adjuntado fotografías de los implicados que apoyan la tesis de la supuesta connivencia de políticos con Fenoll para que éste último pudiese hacerse con ella. Esos políticos en supuesta connivencia con el industrial son algunos de los que ayer estaban sentados en la bancada del PP.

El concejal socialista Carlos Bascuñana recordó unas declaraciones que Lorente hizo en abril de 2006, pocos días después de arrebatarle la presidencia del PP de Orihuela al ex alcalde José Manuel Medina y con el concurso de las basuras en marcha. Entonces, a la alcaldesa le pareció suficiente la grabación oculta que Fenoll hizo de una conversación con el ex concejal por Centro Liberal Jesús Ferrández para paralizar el proceso. Por eso, Bascuñana no se explicaba ayer cómo no podía apoyar ahora la apertura de un expediente, cuando las grabaciones las ha hecho la Policía Nacional con una orden judicial. "La diferencia es que Fenoll tiene ahora una contrata millonaria", resolvió.

El edil prosiguió su argumentación con la reproducción de una conversación grabada por la Policía en abril de 2008 entre Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario de las basuras, y el gerente de la UTE, Miguel San Andrés, en la que éste último reconocía que, si no fuese porque Proambiente (mercantil propiedad de Fenoll) le pagaba, "iba a comer mierda". Asimismo, expuso que Colsur y la UTE deberían haber sido expulsadas del proceso por tener al mismo industrial tras la razón social.

Réplica

El concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, defendió la negativa del PP a incoar el expediente con el pretexto de que el pleno no es el órgano competente para iniciar el trámite. En este caso, debería ser la junta de Gobierno la que debería acordar la apertura de una investigación interna. El edil se refirió en todo momento a los dos informes técnicos encargados por el PP para justificar su rechazo a la propuesta socialista, que supondría "una vulneración de la ley". Uno de ellos está firmado por el secretario municipal y el otro es anónimo. Además, expuso que, al haber un procedimiento penal en curso no puede iniciarse otro por lo contencioso-administrativo.

El portavoz de Centro Liberal Renovador, Pedro Mancebo, matizó que no se engañó al Gobierno local en el proceso de adjudicación "porque sabían que esto era así". "La Administración debe revisar los procesos donde hay sospechas de fraude. Pero eso lo hace una Administración normal y esta no lo es". Además, opinó que "el PP no le debe cosas al pueblo de Orihuela, sino a quien le paga la campaña (en referencia a Fenoll)".

Por su parte, el portavoz de Los Verdes, Monserrate Guillén, recordó que algunos concejales populares están imputados "por delitos horrorosos" y se refirió también al sumario del caso Brugal para pronunciar una de las conversaciones contenidas en él. Así, Guillén indicó que un concejal oriolano le dijo a Fenoll que "facturaba lo que quería" (por recibir las basuras de Orihuela en un vertedero de su propiedad en Abanilla) y el empresario le reconoció que podía "meter todas las toneladas" que quisiese.

Voto de calidad

La otra intención de los socialistas oriolanos era que los concejales que votaron a favor de dejar desierto el concurso de las basuras y que adjudicaron la contrata paguen de su bolsillo las indemnizaciones que el Ayuntamiento tenga afrontar en un futuro. El PSOE recordó que una sentencia obliga al consistorio a pagar entre ocho y nueve millones de euros a la empresa Urbaser, que resultó la mejor valorada en cinco informes técnicos en el concurso que quedó desierto. Este dictamen fue recurrido y está pendiente de sentencia firme. El portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Lidón, rechazó la propuesta y vaticinó que otros concejales "saldrán mal parados" en el caso Brugal.

Al final, el voto de calidad de la alcaldesa sirvió para respaldar la tesis de Lidón y no aprobar las proposiciones del PSOE.

Cuelan por la puerta de atrás a los afines del PP

Como ya es tradición en los plenos que se prevén "calientes", el PP ordenó a los funcionarios que prohibiesen al público pasar al salón de plenos hasta pocos minutos antes de comenzar la sesión. Sin embargo, cuando los periodistas accedieron a la estancia, algunos asientos ya estaban ocupados por alcaldes pedáneos y otras personas afines a esta formación. Esta medida restrictiva, que ya fue aplicada en el pleno del 17 de septiembre, no tuvo mucho éxito, puesto que se ocuparon la mitad de los asientos VIP". m. l. m.AA