Tres años después de instruirse el expediente municipal de "peligrosidad por ruina" (en junio de 2007), el imponente edificio "La Ballena" continúa en su sitio en la confluencia de las calles Ulpiano y Pedro Lorca de Torrevieja. El partido de oposición Los Verdes (LV) retomó ayer este asunto -que se remonta a mayo de 2006, cuando los vecinos (una treintena de propietarios con sus familias) fueron desalojados- y criticó el "poco interés" demostrado por el equipo de gobierno (PP) para ponerle solución. Según LV, el Ayuntamiento "lleva más de tres años mareando la perdiz y peloteando con dicho asunto sin tener previsto ningún tipo de actuación para proceder a su derribo, permitiendo que la estructura y el conjunto del inmueble se vayan deteriorando progresivamente ante la indignación de vecinos y propietarios".

LV subrayó que, al parecer, el Ayuntamiento no dispone ahora de los medios ni de partida económica "para abordar directamente o mediante su adjudicación a terceros la ejecución del derribo, que fue el acuerdo que tomaron los vecinos, y ello hace que la situación de ruina se mantenga en el tiempo sin tener posibilidad alguna de poder ser resuelta a fechas vista". De hecho, muchos de los propietarios vieron su economía familiar gravemente afectada, dado que en algunos casos siguen atados a hipotecas para comprar las viviendas de las que tuvieron que marcharse.

Por todo ello, LV pidió explicaciones al PP y criticó que "con su indolente pasividad ha demostrado que no tiene interés alguno en resolver este conflicto y devolver la tranquilidad y el ornato urbano a la calle Pedro Lorca, dando seguridad a los numerosos vecinos y transeúntes que frecuentan la zona".

Los propietarios renunciaron a rehabilitar el edificio hace un año porque no podían hacerse cargo de los costes económicos, tal y como comunicaron a los servicios de Urbanismo. La estructura de cinco pisos y ático, edificada en los 70, se sigue deteriorando a marchas forzadas mientras, en principio -y dado que los propietarios no pueden asumir la reforma-, debería ser el Ayuntamiento el encargado de acometer el derribo (que podría costar en torno a 130.000 euros) y de iniciar después un procedimiento para cargar los costes a los dueños.