EFE /
informacion.es
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, ha dicho hoy, en relación al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja -algunas de cuyas actuaciones son investigadas judicialmente- que "la responsabilidad siempre es de quien gobierna y controla las instituciones".
"Hay que abrir una investigación que arroje con claridad qué es lo que está ocurriendo en este sentido y que determine las responsabilidades políticas que sean consecuentes de este proceso", ha añadido Amorós a través de una nota de prensa.
El diputado provincial socialista y los ex responsables del PSPV-PSOE José María Cataluña y Vicent Sarriá "aparecen en el sumario por la presunta corrupción" del denominado 'caso Brugal', aunque ninguno de ellos está imputado, según publican hoy varios periódicos.
Amorós ha anunciado que su grupo provincial mantendrá el próximo lunes una reunión con los alcaldes pertenecientes al Consorcio de la Vega Baja con el fin de trasladarles las peticiones que los diputados harán al presidente de la Diputación y del Consorcio, José Joaquín Ripoll (PP), referentes al Plan Zonal de la Vega Baja.
En este sentido, ha anunciado que el PSOE solicitará, a través de una moción, que el proceso de adjudicación del citado Plan Zonal "empiece desde cero", después de que una sentencia del Juzgado de Contencioso-Administrativo Nº3 de Alicante declarara como mulo el acuerdo del Consorcio de Residuos de construir una planta de tratamiento de residuos en la pedanía oriolana de Torremendo.
En su opinión, la Diputación Provincial de Alicante "debería asumir el fallo judicial que anula el proceso de adjudicación e iniciar uno nuevo del vertedero para la Vega Baja".
"Hay que empezar de cero porque lo que está hecho hasta ahora no tiene ninguna validez, hay demasiadas dudas y no podemos alargarlo en un laberinto judicial de final incierto", ha afirmado Amorós.
Para el diputado socialista, existen "muchas dudas sobre la validez de unos informes técnicos -los que acompañan al proceso de adjudicación- que han sido rebatidos judicialmente, base fundamental para actuar y tomar decisiones".
"Si estos informes carecen del rigor necesario, recurrir el fallo es reincidir y repetir un error del que no se fue consciente y ahora sí lo somos", ha agregado.