La Policía Nacional ha investigado desde 2007 las negocios del empresario Ángel Fenoll con seis municipios más de la Vega Baja en el marco del «caso Brugal». Se trata de nuevas ramificaciones de esta trama que se suman a las ya conocidas sobre las supuestas irregularidades en las contratas de recogida de basura en Orihuela y del Plan Zonal de Residuos de la comarca, según se desprende del auto del juez Carlos San Martín, quien instruye el sumario. También se hace referencia a otros dos investigaciones más: La recogida de algas en la costa de Orihuela –que hasta 2009 realizaba Colsur– y los accesos a la planta de basura de La Murada, también propiedad del empresario. El magistrado notificó ayer a las partes el alzamiento del secreto, vigente desde abril de 2007.
Ante la falta de medios materiales de la oficina judicial las partes personadas tan sólo han tenido acceso a dos informes policiales: Uno, de 500 folios en formato digital con documentación referentes a las contrata de basura en Orihuela; y otro, de 800 en el mismo formato, correspondientes a las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según fuentes jurídicas. Los nuevos asuntos desglosados corresponden a los municipios de Pilar de la Horadada (PSOE),Bigastro (PSOE), Jacarilla (PP), Algorfa (PP), Rafal (en manos del PP desde 2007) y a la contrata de basura de Callosa de Segura, adjudicada a Colsur en 2005 por el equipo de gobierno del PP. Buena parte de ellos se archivarán, según fuentes judiciales.
El gerente de Colsur, Ángel Fenoll, es el principal encausado en esta trama en el que ya hay medio centenar de imputados. Entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por supuesto cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a autoridades. También tres concejales del equipo de gobierno del PP de Orihuela o el empresario y constructor alicantino Enrique Ortiz. Todos ellos fueron detenidos.
La imputación también incluye a la alcaldesa Mónica Lorente y a otros ediles, aunque el portavoz del PP lo ha negado. Los informes policiales que se han dado a las partes se refieren a la investigación de la adjudicación de la contrata de basura y recogen tanto las grabaciones que Ángel Fenoll realizó a cargos públicos en Orihuela antes de que fuera detenido, en mayo de 2007, y que él mismo difundió a los medios de comunicación en 2006 para demostrar el supuesto amaño de la contrata, como los propios pinchazos telefónicos autorizados por el juzgado al empresario a partir de esa primera fase de la «Operación Brugal».
En esas conversaciones, como la que Fenoll mantuvo con el ex concejal de CL Jesús Ferrández se hacen constantes alusiones, a veces en tono jocoso, a ayudas para financiar campañas electorales o a supuestas actuaciones de otras empresas que han hecho regalos a cargos públicos para favorecer sus intereses, además de peticiones de información a concejales sobre la tramitación de asuntos municipales, como la adjudicación de las basuras en 2006, su bloqueo posterior, la decisión de dejar desierto el concurso y después la decisión desde adjudicarla a otra UTE, a finales de 2008 y que, sobre el papel, no recayó finalmente en la oferta que presentó su mercantil. Otras grabaciones realizadas por el industrial se remontan incluso a 2003. Entre quienes mantuvieron conversaciones con el empresario aparecen los ediles del Partido Popular, imputados en la causa desde julio: Ginés Sánchez, Manuel Abadia y Antonio Rodríguez Murcia y –especialmente– el periodista y luego edil de Centro Liberal Renovador, Joaquín Ezcurra, fallecido en mayo de 2009 y el ex edil Francisco García. Además en el informe aparecen seguimientos policiales al industrial de las basuras.
Pisos
Como ya publicó este periódico al estallar el caso el pasado mes de julio, el juez de Orihuela, entre otras diligencias, ordenó el día que se registraron, entre otras, las oficinas del constructor Enrique Ortiz, las dependencias de la Diputación provincial y el domicilio particular del presidente de ésta, José Joaquín Ripoll, que se recogiera de otra constructora de Alicante, no vinculada con el caso, el listado de compradores de dos promociones de pisos situadas en municipios del norte de la provincia de Alicante, supuestamente para establecer si Ripoll se benefició o no de alguno de estos pisos, que habrían sido en ese caso adquiridos por Enrique Ortiz a cambio de la adjudicación del plan zonal.
UN EJE PRINCIPAL
Los «pinchazos» al empresario Gregory
El informe policial sobre la adjudicación a Cespa-Ortiz de la construcción de planta comarcal de residuos, dada por el Consorcio presidido por José Joaquín Ripoll el 3 de enero de 2008, tiene su eje principal en los pinchazos de las conversaciones mantenidas entre Fenoll y el empresario alicantino de la automoción Rafael Gregory, imputado y que eludió el ingreso en prisión tras prestar una fianza de 100.000 euros en el juzgado el pasado julio, según fuentes de las defensas.
En este asunto se trata de esclarecer el presunto amaño de la contrata, que se adjudicó por un canon anual de 19 millones de euros a abonar por los municipios de la comarca. En las transcripciones se encuentran otros políticos que finalmente no ha sido imputado en la causa, según las mismas fuentes y «otras muchos personajes» de los que hasta ahora no se tenía constancia que tuvieran alguna implicación en este asunto, como si ha constatado en el caso del propio Ripoll o de Ortiz.
