Los vecinos de Torremendo creen que la sentencia que declara nula la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja puede variar el rumbo de otro recurso paralelo que interpusieron por el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal desde la finca "Lo Cartagena" de Torremendo a la de "La Pistola". Ambas están en la misma pedanía oriolana, pero la segunda es propiedad de Ángel Fenoll y de Enrique Ortiz, empresarios detenidos en julio en el marco del "caso Brugal" (relacionado precisamente con las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal para ubicar este vertedero al que los vecinos se oponen).

El titular de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante consideró -en este segundo proceso que retoman ahora los vecinos- que la asociación no tenía "legitimidad activa" para interponer el recurso, y la agrupación respondió con otro recurso de apelación que está por resolver.

La sentencia de la jueza de la Sala número 3 de este juzgado (dictada el pasado 30 de julio y hecha pública el viernes) analiza la adjudicación del tema del plan zonal en una fase más inicial y supera al conflicto entre las dos fincas de Torremendo, porque obliga a adjudicar su construcción a la oferta mejor valorada por los técnicos, que fue presentada también por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Cespa y Ortiz pero que contemplaba la instalación del vertedero y una planta de reciclaje en Albatera. La ubicación de Torremendo no era más que la tercera opción mejor valorada, y pese a ello fue la elegida.

Lo que ahora vuelven a poner en cuestión los vecinos es que, pocos días después de firmase el acuerdo que elegía como ubicación Torremendo y no Albatera, el Consorcio de la zona XVII cambió de nuevo el lugar. Así, el vertedero y la planta de reciclaje proyectada en la finca "Lo Cartagena" irían a parar a la de "La Pistola", que poseen los dos empresarios. Precisamente Ortiz es también propietario de una de las mercantiles de la UTE que ganó el contrato.

Tras conocerse la sentencia que da la razón a los vecinos, la presidenta de la asociación, María Dolores Andreu, opinó que tanto el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, como la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, "deberían dimitir de sus cargos y responsabilidades públicas". Además, cargó las tintas contra el director general de Calidad Ambiental, Jorge Lamparero, del que dijo que "tendrían que quitarle sus responsabilidad". En este sentido, recordó que Lamparero prometió a los vecinos de Torremendo "una planta de diez" y que puso como ejemplo la de Villena.

"Honestos contra corruptos"

Así, Andreu opinó que esta última sentencia supone "una victoria de los honestos contra los corruptos" y reiteró que Torremendo "no se vende y no se calla". "No queremos para los demás lo que no queremos para nosotros. Pero esto (el plan zonal) se tiene que hacer bien", apostilló Andreu. Cabe recordar que junto a Ortiz y Fenoll fueron detenidos el 6 de julio el propio presidente de la Diputación de Alicante y tres concejales de Orihuela.

Con esta sentencia, los vecinos de Torremendo tienen que celebrar demasiadas cosas. Por una parte, las fiestas en honor a la Virgen de Monserrate, patrona de esta pedanía oriolana y cuya festividad se celebra el 8 de septiembre. Por otra, que el juez les ha dado la razón después de 18 de años de lucha contra la planta de basuras. También la Región de Murcia se opuso a su construcción y el vecino municipio de Zeneta creó una plataforma contra el vertedero.

Y es que lo que empezó siendo una batalla contra un vertedero ilegal instalado en Torremendo, ha acabado siendo una guerra contra la Diputación y el Consorcio de la zona XVII por el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Por eso, los vecinos "tendrán presente a la jueza en todos los actos importantes que se celebren en el pueblo", según explicó Lucía Páez, miembro de la asociación de vecinos de Torremendo "Virgen de Monserrate".

PSPV

Por otro lado, la secretaria provincial del PSPV, Ana Barceló, rehusó ayer comentar la sentencia que acaba de dar la razón a los vecinos explicando que espera analizarla antes en profundidad, aunque sí manifestó que "viene a confirmar lo que nosotros dijimos desde el primer momento, que efectivamente debía de haber intereses ocultos en el cambio de ubicación (del proyecto para el vertedero). Ripoll se apresuró a salir a decir que el procedimiento era correcto cuando lo que dice esta sentencia es justamente lo contrario".

Barceló concretó que los vecinos acudieron a este contencioso que acaban de ganar con las mismas alegaciones que presentaron los ayuntamientos socialistas en su día, y que habían sido desestimadas por el Consorcio.