La Fiscalía Anticorrupción ha asumido en el marco del caso Brugal, que investiga la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca y la contrata de las basuras en Orihuela, la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía de Elche a finales de 2008 sobre adjudicaciones supuestamente irregulares en el Ayuntamiento oriolano. Una amplia denuncia por un supuesto delito de prevaricación continuada en contrataciones irregulares que suman tres millones de euros y que, en un primer momento, marzo de 2009, fue asumida por la Fiscalía de Elche, que ha dado cuenta de ella a la Fiscalía Anticorrupción. En ella se describen contrataciones realizadas durante el actual mandato del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) derivadas de una quincena de trabajos otorgados a empresas, la mayoría sin procedimiento de licitación pública y con reparos del servicio de Intervención y con fraccionamiento reiterado de contratos.

Además se citan irregularidades como el abuso del procedimiento negociado sin publicidad, el exceso de las obras complementarias, además de la reiteración en las modificaciones del contrato y el acudir de manera continuada a las contratociones de asistencia técnica externas, entre otros aspectos, que aparecen descritos en la documentación judicial y relacionados, sobre todo, con trabajos adscritos a las concejalías de Educación, Costas, Festejos y Servicios e Infraestructuras. Muchas de estas gestiones municipales se elevaron ante la junta de gobierno que las autorizó, o fueron avaladas por decretos de Alcaldía. El reparo de los servicios de Intervención no supuso en ningún caso la suspensión del procedimiento administrativo.

Basuras

La investigación abierta en 2008 alude al pago por parte del Ayuntamiento de facturas a la mercantil Proambiente, del industrial Ángel Fenoll, supuestamente al margen de la legislación pública, con contratos que aparecen renovados de forma tácita. Las empresas de Fenoll, industrial arrestado e imputado en marco de la Operación Brugal, siguen a día de hoy cobrando del Ayuntamiento en el caso de la limpieza de edificios municipales. El nuevo servicio se adjudicó en junio a La Generala. Asimismo, las mercantiles de Fenoll estuvieron percibiendo el canon del servicio de recogida de basura en la costa oriolana hasta mayo de 2009, a través de facturas mensuales sin un contrato normalizado.

83 decretos

En la misma denuncia se recoge que la alcaldesa, Mónica Lorente, autorizó por decreto el pago de facturas que suman más de 2,6 millones de euros durante 2008. Buena parte de estos abonos se han tramitado sin procedimiento de licitación pública y con reparos de Intervención.

Fueron 83 decretos, numerados entre el 500 y el 2.692, entre las relaciones de facturas. Hay firmas que autorizan desde el pago de 48,55 euros, el 14 de marzo de 2008, por trabajos en la concejalía de Fomento, a los 600.762 euros que se autorizaron de una vez con la firma de la alcaldesa el 8 de febrero de 2008 y destinados a una relación de facturas presentadas por la concejalía de Servicios e Infraestructuras en Pedanías.

La ley de Contratos del Sector Público permite aprobar directamente, sin necesidad de emprender un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicaciones con importe no superior a los 50.000 euros y 60.000 euros para otro tipo de contrataciones. Estos contratos menores pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar, con lo que no es necesaria su publicación en el perfil del contratante de la web municipal o del boletín oficial, además de evitarse la concurrencia de otras empresas distintas a la escogida.

Este es el caso de 65 de los decretos de Lorente. Sin embargo, las 18 resoluciones restantes firmadas por la primera edil sobrepasaban ese montante. En algunos casos corresponden a servicios que el Ayuntamiento de Orihuela mantiene con varias empresas a través de prórrogas de contrato "tácitas", como era el caso de la limpieza viaria del término municipal, la limpieza de edificios públicos o el contrato de monitores de las instalaciones deportivas.

Estos decretos que llegaron a la Fiscalía en noviembre de 2008 por un supuesto delito de prevaricación continuada forman parte del citado procedimiento abierto en relación con contrataciones supuestamente irregulares realizadas por el Ayuntamiento.