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Callosa de Segura

Exigen una ordenanza clara para las antenas de telefonía

El PSOE llevará a pleno la polémica por la instalación de un mástil de 27 metros en mitad de un barrio

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Una imagen de los vecinos que han organizado turnos para evitar la instalación de la antena.
Una imagen de los vecinos que han organizado turnos para evitar la instalación de la antena.  LOINO

Miguel ángel rives

El Grupo Municipal Socialista de Callosa de Segura se ha unido al grupo de vecinos que rechaza la instalación de la antena de telefonía móvil en "Ginés Boyvia" y presentará una propuesta de ordenanza municipal que regule su instalación. La portavoz del PSOE, María del Mar Martínez, señaló que "tanto a nivel estético como medioambiental, colocar esta antena en ese emplazamiento es un auténtico disparate".
El PSOE va a presentar un borrador de ordenanza municipal con el objetivo de regular las condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de este tipo de elementos en el espacio radioeléctrico. "El Plan General de Ordenación Urbana no contempla este tipo de instalaciones, por ello es importante que se regule tanto el espacio donde pueden ser colocados como el muro o vallado que deben tener a su alrededor", explicó la concejal.

Condiciones
Así, el documento apela a la necesidad de que sea legislada más exhaustivamente la instalación de dichas actividades poniendo de manifiesto "la necesidad de introducir criterios de racionalidad urbanística y medio ambiental en la implantación", del mismo modo, se expone que, según el Tribunal Superior de Justicia, "los ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento de servicios de telecomunicaciones".
En esta línea, Martínez aseguró que su grupo no tenía conocimiento de la intención de instalar la antena porque desde que el alcalde, Javier Pérez, entró al poder en 2003 "eliminó a los grupos de la oposición de la junta de gobierno". Además, recordó que su grupo tiene acceso a las actas municipales "dos o tres meses después de ser redactadas, cuando por ley las deberíamos tener a los 10 días. Este es el motivo por el que ha sido imposible conocer el expediente sobre dónde y cuándo se quería instalar la torre".

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